Publicado por Amaya Ordorika de ReverdeSer Colectivo el 22 de enero de 2021.
En noviembre del año pasado el Senado de la República aprobó un proyecto para la regulación de la cannabis en México. Actualmente, este se encuentra en manos de la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación.
A pesar de que este proyecto representa un avance significativo para comenzar a dejar atrás los daños causados por el prohibicionismo, no contempla de manera transversal la inclusión de medidas desde una perspectiva de género que partan del reconocimiento de la realidad nacional y los impactos diferenciados que ha tenido la guerra contra las drogas en nuestro país.
Las leyes prohibicionistas, implementadas desde una lógica represiva y de mano dura, han tenido un impacto diferenciado en las mujeres. Particularmente, de manera desproporicionada hacia aquellas que se relacionan con la planta de cannabis, desde su cultivo hasta su consumo, debido a la estigmatización, discriminación y criminalización. Estos factores, sumados a otras formas de violencia de género y vulnerabilidad social, multiplican los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos humanos de esta población.
Las leyes prohibicionistas, implementadas desde una lógica represiva y de mano dura, han tenido un impacto diferenciado en las mujeres.
De acuerdo con el Informe Violencia contra las mujeres e impunidad: ¿más allá de punitivismo? de la organización Equis Justicia para las mujeres, el aumento de la violencia que vivimos las mujeres en el espacio público puede relacionarse con el endurecimiento de las políticas punitivas en materia de drogas y la estrategia de militarización de la seguridad pública, aceleradas desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Felipe Calderón.
Dicho informe destaca que esta ola de violencia incluyó el aumento de:
- Violencia letal: la tasa de asesinatos de mujeres incrementó de 1.9 por cada 100 mil en 2007 a 4.4 en el 2016;
- Encarcelamiento: en el 2016 los delitos contra la salud representaban el principal motivo de ingreso de mujeres a centros penitenciarios y en el fuero común aumentó un 103% del 2014 al 2016;
- Violencia durante las detenciones: de acuerdo con la Enpol 2016, 21% de las mujeres detenidas por elementos del Ejército y 41% de las mujeres detenidas por elementos de la Marina fueron víctimas de violación.
21% de las mujeres detenidas por elementos del Ejército y 41% de las mujeres detenidas por elementos de la Marina fueron víctimas de violación.
En el informe Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: una guía para políticas públicas incluyentes, también de la organización Equis Justicia para las mujeres, se destaca que las mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas son en su mayoría mujeres en situación de pobreza, con bajos niveles de estudio, procedentes de comunidades marginadas y madres solteras. El informe señala que la mayoría son víctimas de relaciones desiguales de poder por causa de género y que en muchos de los casos se involucran en actividades económicas ilegales relacionadas con drogas para mantener a sus familias o por presión por parte de su pareja.
Por otra parte, la Red de Mujeres Forjando Porros Forjando Luchas, en su participación en el Parlamento Abierto sobre esta materia organizado en la Cámara de Diputados a finales del año pasado, señalaron que las mujeres usuarias de cannabis “somos tratadas por policías y agentes de ‘justicia’ como criminales y drogadictas (…) nuestro actual sistema de justicia replica los estereotipos de género, la misoginia y la revictimización. (…) Una mujer consumidora no es juzgada de la misma manera que un hombre consumidor. Al romper el estereotipo somos sometidas a un mayor grado de sanción social”.
A lo anterior se suma la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres campesinas. De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en el Boletín Desigualdad en cifras en mayo del 2020, 23% de las mujeres que viven en México habitan en localidades rurales y representan el 34% de la fuerza laboral. A pesar de representar una tercera parte de la fuerza laboral en zonas rurales, el INMUJERES estima que son generadoras de más de la mitad de la producción de alimentos en nuestro país. No obstante, el mismo informe refiere que solamente una cuarta parte de las personas que poseen un certificado parcelario que las acredita como ejidatarias o comuneras son mujeres y hace hincapié en que al no ser propietarias de la tierra no pueden ser beneficiarias de subsidios, créditos o equipamiento.
En el Boletín, INMUJERES destaca que en muchos casos cuando los hombres emigran son las mujeres quienes trabajan las tierras sin tener derechos sobre las mismas. A esto debemos agregar que con el aumento de la violencia en México, a partir del recrudecimiento de las políticas de drogas de mano dura, en numerosas comunidades las mujeres trabajan las tierras de sus esposos, hermanos o padres que han sido asesinados, se encuentran desaparecidos o han tenido que desplazarse de manera forzada.
Asimismo, como ha señalado Margarita Garfias de la organización Familias y Retos Extraordinarios, muchas mujeres en situación de marginación económica y en muchos casos cuidadoras de tiempo completo, han buscado subsidiar sus ingresos mediante la venta de productos no regulados de cannabis mediante redes de venta multinivel. Esta situación las mantiene en una situación de vulnerabilidad ante la ley y ante empresas no reguladas.
Muchas mujeres en situación de marginación económica y en muchos casos cuidadoras de tiempo completo, han buscado subsidiar sus ingresos mediante la venta de productos no regulados de cannabis mediante redes de venta multinivel.
Ante esto, organizaciones y redes como las mencionadas anteriormente (Equis Justicia para las mujeres, Red de Mujeres Forjando Porros Forjando Luchas y Familias y Retos Extraordinarios) han planteado la necesidad de regular la cannabis con perspectiva de género.
Es necesario reconocer que el proyecto actual considera que el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis tendrá la obligación de emitir licencias bajo nociones de acción afirmativa, priorizando a mujeres. No obstante, esto es insuficiente, por lo cual a continuación hacemos una recopilación de algunas de las exigencias planteadas para avanzar en esta materia:
- Eliminar la criminalización de la posesión simple y del consumo en espacios públicos con la finalidad de no poner a las mujeres usuarias de cannabis en riesgo de ser víctimas de detenciones arbitrarias, extorsiones y violencia sexual por las fuerzas del orden público que en muchos casos se agravan contra las mujeres usuarias por desviarse de los roles tradicionales de género.
- Eliminar la prohibición de consumir frente a menores de edad y personas que no den su consentimiento que afectará desproporcionadamente a las mujeres y, en particular, a las mujeres que son madres, cuidadoras o viven en condiciones de violencia intrafamiliar.
- Establecer un mecanismo eficiente y con plazos para la excarcelación de mujeres privadas de su libertad por delitos relacionados con cannabis, así como detallar un plan de reinserción social que garantice condiciones de participación en el incipiente mercado regulado de cannabis.
- Establecer que durante los primeros cinco años, 80% de las licencias de cultivo serán para el sector social (propiedades comunales, propiedades ejidales, pequeñas propiedades y sociedades cooperativas), de las cuáles el 50% deben ser destinadas a mujeres.
- Reincorporar la limitación a la integración vertical, es decir, prohibir que una misma persona física o moral ostente las licencias de cultivo, transformación y comercialización, con la excepción del sector social, con la finalidad de generar un mercado más horizontal y menos centralizado en el cual las mujeres tengamos mejores condiciones de participación.
La Cámara de Diputados aún está a tiempo de incorporar los cambios necesarios al proyecto de regulación para garantizar una regulación de la cannabis con perspectiva de género y de justicia social.
Este artículo fue publicado el 22 de enero de 2021 originalmente en Animal Político.
* Amaya Ordorika (@amaya_oi) es Coordinadora General de Incidencia Política en ReverdeSer Colectivo (@ReverdeSer4_20), organización de personas jóvenes dedicadas a la transformación de la política de drogas y la construcción de paz en México.
