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Otra vez sopa: Proponen una Fuerza Antinarcotráfico en Entre Ríos
La diputada Ayelén Acosta de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley en la legislatura entrerriana para crear una fuerza armada antinarcotráfico en el territorio provincial. Se ocuparía de la prevención, disuasión, conjuración e investigación de los delitos de drogas. La iniciativa también propone la creación de una línea gratuita de 0800 para recibir denuncias. En esta nota, vemos por qué la insistencia punitiva en programas alineados con la guerra contra las drogas es irrelevante para el negocio narco, pero perjudicial para las personas.

Vio la luz un proyecto de ley presentado por la diputada provincial Ayelén Acosta del frente Juntos por el Cambio. Se trata de un ambicioso proyecto que busca crear una Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en específico se trataría de “Una institución civil armada que ejercerá sus funciones en todo el territorio provincial y tiene a su cargo en forma exclusiva la realización de los actos de prevención, disuasión, conjuración e investigación de los delitos” según reza su texto.

Según describe la autora del proyecto, se creará una “Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, bajo la dependencia funcional de la Procuración General, que estará a cargo del entrenamiento, la formación y capacitación de los aspirantes e integrantes de la fuerza”.

Por último, y en sus líneas más destacables, también se promueve la creación de un programa gratuito y permanente de atención telefónica de la modalidad 0800 para la recepción de denuncias y demás datos en materia de narcotráfico al Ministerio Público Fiscal”

A simple vista, la idea “Para seguir sacando al narco de tu barrio” luce esperanzadora y seductora. Se enmarca en una idea proselitista muy utilizada en los gobiernos de las últimas décadas, que quizás, encuentre sus mejores amantes en dirigentes como Patricia Bulrich y Mauricio Macri, sin perjuicio que funcionarios de distinto signo partidario se hayan hecho un verdadero picnic con este producto propagandístico; Sergio Berni es un claro ejemplo de ello.

Sin embargo, otra vez sopa. Estos programas repetidos que proponen más inversión en logística armamentística y discursos alarmistas, suelen generar más daño del que se quiere supuestamente remediar.

El problema de la Ley de Desfederalización | Irrelevante para el negocio, perjudicial para las personas

Entre Ríos adhirió a la ley nacional de Desfederalización, también denominada de “narcomenudeo”. Las provincias adheridas se encuentran facultadas a la investigación y eventual represión de ciertos delitos que la Nación les transfiere: la siembra, cultivo y tenencia para el consumo personal de estupefacientes y el comercio o la tenencia para la venta de pequeñas dosis destinadas directamente para su consumo.

Es decir, esta estrategia de “desdoblamiento” de lucha contra el fenómeno del narcotráfico —o por lo menos así sponsoreado— busca que las provincias destinen sus recursos presupuestarios a combatir el “microtráfico” de estupefacientes y a su vez a la amplia gama de conductas abarcadas dentro del consumo personal, sea en la vía pública, o en domicilios según las circunstancias particulares. Mientras que al complejo entramado del narcotráfico organizado que se dedique al comercio a mediana o gran escala y que cuente con organizaciones relativamente significativas, los investiga, reprime y juzga la Justicia Federal. En pocas palabras: se busca que las provincias gasten sus recursos en el primer y segundo eslabón de todo el circuito ilícito de las sustancias ilegales, estos son, la persona usuaria y quién lo vende al menudeo.

Además, el limitado campo de acción que tienen las competencias provinciales impide extender la investigación a toda la trama interviniente en un posible “kiosco” de droga, como los distribuidores mayoristas de las sustancias. Esto genera un círculo vicioso que funciona de la siguiente manera: se buscan a las personas de más bajos recursos para la distribución minorista y una vez atrapadas por el sistema penal, son fácilmente fungibles o intercambiables por las estructuras más organizadas. Al mismo tiempo, es extraño que la investigación ascienda sobre el resto de los eslabones de la cadena.

Esto sólo ocasiona que al poco tiempo se instale una nueva boca de expendio, o un nuevo distribuidor minorista y se impida la investigación de la verdadera organización detrás. Esto mientras se muestran estadísticas que intentan generar una sensación de seguridad y éxito en la sociedad, pero solo se retroalimenta el circuito clandestino de sustancias ilícitas. En pocas palabras, el arresto masivo de sospechosos en la vía pública y el allanamiento en viviendas precarias sólo recrudece el panorama, infla la población carcelaria, colapsa el sistema judicial y favorece a los más poderosos. ¿Por qué? Sucede que eliminado el eslabón más débil de la cadena, se limitan las pruebas para el inicio de investigaciones más profundas que corresponden a la Justicia y fuerzas de seguridad federales.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de la Procuración General de la Nación publicó la Plataforma Interactiva de Información Estadística del decenio 2011- 2021. Los datos de Córdoba son elocuentes, la provincia que está adherida a la desfederalización desde 2012 y cuenta con su propia fuerza antinarcotráfico funcionando desde 2015 muestra un descenso alarmante en las investigaciones.

La evolución de las cifras muestra que los años que más actividad relevaron fueron el 2011 y el 2012, con 2.400 pesquisas en cada caso. A partir del 2013 los números cayeron abruptamente hasta llegar al 2021 con tan sólo 40 nuevas investigaciones por la ley de estupefacientes.

Mismas acciones, mismos resultados

Estas experiencias de combate al microtráfico de drogas ya están gastadas. Han sido y seguirán siendo ineficaces. Otra vez sopa. Como indicaron los expertos independientes en derechos humanos de la ONU “la ‘guerra contra las drogas’ socava la salud y el bienestar social y desperdicia los recursos públicos al tiempo que no logra erradicar la demanda de drogas ilegales y el mercado ilegal de drogas”.

Los expertos de DDHH de la ONU remarcan un estudio publicado en 2021 por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, cuya conclusión fue que la guerra contra las drogas resultó “en el encarcelamiento masivo a través de perfiles raciales, leyes y procedimientos de búsqueda e incautación, detención preventiva excesiva, sentencias desproporcionadas y la criminalización de personas que consumen drogas”.

La propia OEA, señala entre las conclusiones de su informe técnico sobre “Alternativas al encarcelamiento por delitos relacionados con drogas” que una opción para frenar el encarcelamiento masivo por la guerra contra las drogas podrían ser la despenalización o descriminalización.

Entre las normas del proyecto encontramos facultades delegadas a las fuerzas que la historia y la experiencia demuestran prejuiciosos: atropellos e invasiones desmedidas a la intimidad, injustificadas o justificadas exclusivamente en el “olfato policial”, que se traducen en demoras y arrestos basados en estereotipos de clase, de raza o condición socioeconómica. Algo que mereció la condena de Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exhortando a que nuestro país elimine prácticas abusivas —como las requisas sin orden judicial— en el antecedente “Fernandez Prieto y Tumbeiro”

En este sentido, el proyecto de ley dispone como funciones de la FPA: “Inspeccionar en el marco de la lucha contra el narcotráfico y con finalidad preventiva, y siempre que existan indicios suficientes que permitan presumir que se transportan estupefacientes y/o sustancias utilizadas para la producción de los mismos, vehículos y/o su carga, equipajes o mercaderías, de conformidad a lo establecido en la legislación vigente”.

Estos programas represivos alineados con la guerra contra las drogas, vienen generalmente acompañados de una alarma social que les sirve de justificación. En Entre Ríos no se viven los azotes de las bandas organizadas a semejanza de Rosario donde se llega a extremas situaciones contra las instituciones judiciales. Por el contrario, las estadísticas demuestran que en nuestras ciudades se privilegia la represión hacia usuarios, como lo reveló Página judicial en el 2019: el 54% de las causas iniciadas por drogas en la justicia entrerriana fue por conductas asociadas al consumo. 

Según indica Procunar, durante la última década se abrieron 6.128 expedientes en Córdoba. Del total de causas iniciadas, el 47% fueron investigaciones tipificadas como tenencia para consumo personal.

Las políticas contra el microtráfico de drogas muestran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el 78% de las causas ingresaron por actividad policial. En la inmensa mayoría de casos, a raíz de requisas sin orden judicial y basadas en el olfato policial, invocando necesidades de “razón y urgencia”. Esto significa que en esta enorme cantidad de causas se carece de una investigación previa.

Las líneas gratuitas de denuncias tipo 0800, instauran en las vecindades la costumbre del denunciante anónimo. De esta forma, se termina propiciando la denominada “vecinocracia”, utilizándose esta vía para deshacerse de vecinos “indeseables”. Otra manera de utilizar estas vías de acceso a la justicia sin necesidad de prestar declaración, es informar la existencia de plantas de cannabis en patios o terrazas vecinas, desplegándose un gasto extraordinario para fabricar estadísticas, secuestrandose las plantas, plantines y esquejes, sin una mínima averiguación respecto a la autorización estatal para dichos cultivos. Una suerte de “solve et repete” represivo, mediante en cual, primero sufro la represión, y luego debo comprobarle al Estado que me encontraba autorizado legalmente, una clara inversión del principio constitucional de inocencia que las normas de tenencia de estupefacientes han logrado destruir por completo.

La necesidad de un cambio de rumbo se demuestra en las experiencias internacionales y  también en las locales, como el contundente comunicado de la red penal de jueces bonaerenses, calificando el programa punitivo de las leyes de narcomenudeo que combaten los delitos de drogas mediante el derecho penal como fracasado, insostenible e ineficaz. Debemos exigir de las autoridades que el abordaje se realice desde un enfoque sanitario, destinando los escasos y valiosos recursos del estado a la asistencia social, y mayor inversión en los derechos humanos a la salud, desde la perspectiva de acompañamiento y reducción de daños. 

Es imperioso debatir las decisiones que se toman desde la legislatura con informes, estudios, estadísticas y las voces experimentadas en la temática, impidiendo que se constituyan estas leyes en meras especulaciones proselitistas que buscan ofrecer pan para hoy y aseguran hambre —y más sopa—para mañana.

¿Qué debería hacerse con las drogas?

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