Ilustración de Román Harrand
Cannabis e Industria: hablemos de Trabajadorxs del Cannabis
La aprobación del marco regulatorio para la industria del cáñamo y el cannabis industrial en Argentina es una realidad. En esta columna de opinión repasamos por qué la norma por mayoría no reconoce derechos laborales de lxs trabajadorxs del cannabis. Profundizamos en la historia de lxs trabajadorxs del cannabis en Argentina y nos preguntamos ¿Es posible un convenio colectivo para trabajadorxs cannábicxs? ¿Qué va a pasar con lxs presxs por cannabis? ¿Cuánto falta para la regulación legal del uso adulto que quite el mercado a verdaderos narcos asociados a las fuerzas de seguridad?

El Congreso nacional aprobó el “Marco Regulatorio para Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial”, eso sí, con un esfuerzo tremendo para lograr un consenso en el marco de una feroz crisis de todo el régimen político. Sucede que desde la “ruptura” O “debate” de la coalición que gobierna, la ley quedó estancada. Pero, aunque parezca increíble, en cinco días las fuerzas políticas del oficialismo y de la oposición se pusieron de acuerdo y juntaron las comisiones, armaron el dictamen y votaron la ley.

Está claro que la premura con la que se trató el proyecto en la cámara baja tiene que ver con la situación económica del país, en donde según los datos del INDEC la pobreza alcanzó al 37,3%, es decir a 17.000.000 de personas. Hay un objetivo concreto y es desarrollar el negocio del cannabis, para atraer inversiones y mejorar las condiciones financieras, pero ni al gobierno ni a la oposición le interesan las condiciones sociales de lxs trabajadorxs.

Trabajadorxs del cannabis de Argentina: orígenes, actualidad y perspectivas

El origen de lxs trabajadorxs del cannabis se ubica en la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en la localidad de Jáuregui, a unos pocos kilómetros de la Basílica de Luján. A principios de 1953 la Linera Bonaerense S.A. comenzó con el cultivo de 26 hectáreas de cáñamo, una cepa de cannabis que contiene un nulo porcentaje del psicoactivo THC. Dentro de la fábrica los 850 operarios que trabajaban se hacían llamar “Linacos”, hombres y mujeres que conquistaron derechos laborales como el aguinaldo, bono por superávit de renta y hasta un bono por nacimiento de hijos, todo a fuerza de huelgas y lucha política.

Hacia 1976 los Linacos inscriptos eran 1.960, pero se sumaban los “golondrinas”, llegando a sumar cerca de 4.000 personas trabajando en el cultivo y producción cañamera, como indica Fernando Soriano en su libro “Marihuana: La historia de Manuel Belgrano a las Copas Cannabicas”. Sin embargo, por las presiones de las empresas petroleras y obviamente por la política de represión social llevada a cabo por la última dictadura, Videla ilegalizó el cannabis, cerró la Linera dejando en la calle a los obreros y encarceló al gerente y a la comisión interna. Así, el episodio más violento de la historia de nuestro país nos echó a la ilegalidad sin más.

La nueva ley nada dice con respecto a las compañeras y los compañeros que están presxs por cultivar cannabis. Es significativo que en la misma semana que trataban la ley, encarcelaran a cultivadorxs registradxs en el Reprocann, como es el caso de Ailén de Ezpeleta, presa en la Comisaría 6ª de Quilmes. 

Según el último informe del Sistema Nacional de Información Criminal, en el año 2020 se detuvieron a 960 personas por cultivar Cannabis, y a unas 39.600 por tenencia simple y a otras 500 personas por comercialización. A las claras hay una política estatal que persigue y criminaliza a trabajadorxs y usuarixs, mientras se discute el negocio que vendrá.

Ilustración de Román Harrand (@Romanh97)

Un análisis del marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y cáñamo

El Proyecto consensuado y votado por mayoría sigue sin reconocer los derechos laborales de una fracción importante de obreros y obreras que trabajamos en la cadena productiva del cannabis. Somos quienes hemos resistido a la criminalización del estado desarrollando progresivamente las diferentes especializaciones de la rama. 

Actualmente en nuestro país existen miles de trabajadores y trabajadoras en los grow shop, que además de facilitar productos, fertilizantes y parafernalia, precisan una formación específica y adecuada al autocultivo en todas sus formas (tratamiento de plagas, tecnología de luces, medidas y modos de usos de fertilizantes, etc). También existen obreros cannábicos que se desempeñan en la investigación, otros en el cultivo, otros en la fabricación de determinados insumos que aún no se producen en serie en el país. Otros tantos “Linacos” son trimmers que han hecho experiencia en los mercados laborales del mundo y se especializaron como curadores, aceiteros, etc. Existen no menos de 10.000 trabajadorxs del cannabis, que cultivan y abastecen a las grandes ciudades y generan un mercado laboral que el Estado busca regimentar, pero cuyo componente social es negado, sin más.

Depositar expectativas en la ley que se sancionó es un error, porque como dijo la diputada Mara Brawer en una nota La legalización, como con cualquier otra sustancia, no significa la desregulación” y en Argentina el cannabis está regulado, sí, pero ilegal y negativamente, porque resguarda el negocio de la comercialización del THC que hoy está en manos del narcotráfico asociado a las fuerzas de seguridad. El modelo que el gobierno busca seguir es el que se aplicó en EEUU, donde el salario es bajísimo y recién ahora se está desarrollando un movimiento de sindicalización masiva producto de la presión social de los trabajadores cannábicos estadounidenses.

Un convenio colectivo para trabajadorxs del cannabis y afines: la reparación histórica necesaria

La ilegalidad propuesta por la dictadura más sangrienta de éste país produjo la fragmentación de un agrupamiento obrero importante. La llegada del cannabis a la agenda parlamentaria no cambió las cosas: el número de trabajadorxs del cannabis apresadxs fue en ascenso.

Es una cuestión de derechos humanos que dejen de perseguir y que absuelvan a cada persona presa por cultivar, usar, vender o intercambiar cannabis. Argentina tiene una tradición de defensa de los derechos humanos muy fuerte; que existan personas presas mientras se discute el negocio cannábico, implica dejar de lado esta tradición de lucha.

Las personas trabajadoras del cannabis pedimos algo muy sencillo: primero que saquen a nuestrxs compañerxs de la cárcel mediante la absolución. Y luego de eso, el reconocimiento que da ser escuchadxs; que se sienten a registrar todo lo que hemos desarrollado en técnicas de cultivo, a pesar de la persecución estatal. Un convenio colectivo de trabajo sería no sólo una reparación histórica por los daños que causó la decisión de Videla, sino también el primer paso en la recomposición social de las personas que trabajan el cannabis.

Cultivar es trabajar. El Cannabis es más que “porrito”.

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