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Argentina: 9 Voces diversas sobre la ley de industria cannábica
La ley del “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el Cáñamo Industrial” fue promulgada por el presidente Alberto Fernández ayer. Conocé las opiniones de especialistas e integrantes de la comunidad cannábica que dan su opinión de la norma desde distintos sectores: semillas, cáñamo, derecho, economía, género, cooperativas, asociaciones y personas criminalizadas.

El diagnóstico es claro: esta no es una regulación integral del cannabis. Queda en cada quien analizar si esto es bueno o malo. Lo indiscutible es que la ley avanza exclusivamente sobre la dimensión económica, es decir, la cadena productiva y de comercialización.

En términos descriptivos, la estrategia política que se siguió por el gobierno nacional plantea el avance en la regulación cannábica de forma dimensional y escalonada: primero el acceso a la salud vía autocultivo, organizaciones sociales y cultivadorxs solidarixs (Decreto reglamentario 883/2020 de la ley 27.350). Luego la regulación de la cadena productiva del cannabis medicinal y el cáñamo (Ley 27.669). Como paso siguiente, la despenalización. 

Así presentaron la estrategia en múltiples ocasiones lxs actorxs políticos detrás de los avances cannábicos, como le dijeron a MATE fuentes legislativas. Nos puede gustar más o menos, pero ese es el camino elegido por el oficialismo.

En términos de estrategia política, están quienes defienden esta regulación unidimensional y escalonada y están quienes hubieran preferido una regulación más amplia, que regule de forma multidimensional: salud, industria y derechos.

Para reflexionar sobre las implicancias de la ley que espera su reglamentación para ser operativa, convocamos a 9 actorxs comprometidos con cambios en la regulación de la planta de cannabis. 

Andrés Bacigalupo

Abogado, Coordinador del grupo redactor de la Ley 10.894 de Acceso al Cannabis medicinal en Entre Ríos. Coordinador del Área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal. Columnista legal en Revista Mate. Asesor legal de Efecto Séquito AC.

El reciente proyecto aprobado puede ser encarado de dos formas totalmente antagónicas. La primera, sería un enfoque positivo y alentador, porque nuestro país se insertará a nivel mundial en el mercado regulado del cannabis, posibilitará la industria y el desarrollo productivo de esta planta, de la cual hasta el día de hoy se siguen invocando mitos detrás de su consumo. La segunda forma implica ver las eventuales contingencias que pueda sufrir en su futura aplicación; tanto de la normativa actual, como así también la reglamentación. Trataré de ser breve en mis observaciones:

La primera observación atañe a la decisión política de optar por un régimen de desarrollo y producción que deja afuera la posibilidad que las provincias exploten sus propios recursos, opción que entiendo pudo ser evitada. Sin embargo, la ley se aprobó con la voz de los representantes de cada provincia y la discusión no se abordó de manera más reflexiva. Así, debe entenderse en consecuencia que las leyes que se han dictado en provincias como Entre Ríos, se deberían interpretar contrarias al nuevo texto legal en estudio, y por ende, las provincias con alguna normativa similar no se encontrarían habilitadas para otorgar licencias y autorizaciones, debiendo en consecuencia, tanto particulares como entidades, tributar: tasas de control, pagar licencias, porcentajes de recaudación y someterse al control y jurisdicción federal. Dinero que se dirigirá al patrimonio de la ARICCAME.

El análisis en torno a la ausencia de federalismo es una discusión que requeriría de mayor espacio y tiempo, y posiblemente resurja en los próximos meses o años. Que no quepan dudas que será un serio motivo de debate ya que, conforme las convenciones internacionales, el desarrollo productivo con fines medicinales, científicos o industriales no está prohibido; por ello me hace ruido la recaudación de fondos de manera monopólica por el Estado Nacional.

Por otro lado, la necesaria intervención de tantos agentes para los procesos de producción pueden llevar a una innecesaria inflación normativa y burocrática. Así, lo sencillo se termina complejizando ante la inmensa variedad de agentes intervinientes. Una sola agencia estatal que reúna las condiciones científicas y técnicas necesarias para el desarrollo económico del cáñamo y el cannabis medicinal podría haber bastado. 

El patrimonio de la ARICCAME se integrará con el pago por las licencias, pero también, del cobro de multas, un eventual peligro podría ser el de pagar excesivas multas por incumplimientos nimios o de poca entidad. Ya es un saber popular que las sanciones administrativas —por ejemplo las derivadas de faltas en la seguridad vial— son criticadas por sus fines meramente recaudatorios.

Las condiciones concretas de otorgamiento de las autorizaciones podrían a la larga funcionar como un verdadero filtro hacia sectores de menos recursos  —ojalá no—  que enfrenten dificultades ante tantas exigencias técnicas —proyectos de viabilidad, estudio de campo, recomendaciones, trayectoria en la materia, informes técnicos, etc. Además, las posibles reglamentaciones futuras podrían incluso complejizar aún más el acceso a licencias, o lo que es peor: ser otorgadas a conveniencia de las autoridades de turno.

En resumen, creo que se terminó adoptando un régimen que sobre estimula el control estatal en la producción. Aunque a gran escala —mega corporaciones, por ejemplo— se justifique la fiscalización en materia de financiación, lavado de activos o evasión impositiva, deberán los agentes a cargo de la aplicación de la ley armonizar su reglamentación y viabilidad a la posibilidad real de la participación de los particulares y pequeños productores que deseen insertarse en esta naciente industria.

Denise Moruzzi 

Integrante de «Libertades por cannabis» integrado por un grupo de personas criminalizadas por cannabis que fueron víctimas de procesos judiciales, encarcelación o prisión domiciliaria. Ella y su hija ya están en libertad asistida, pero sus compañeros continúan presos.

Por un lado estoy muy feliz porque lo veo como habitante argentina y estoy viendo la evolución de las leyes en mi país. Ahora se va a poder cultivar de manera industrial y en lo medicinal hubo un gran paso.

Pero por otro lado estoy muy triste, porque yo soy parte del grupo Libertades por cannabis, donde aún tengo a compañeros presos. Yo hago lo posible para representarlos, llevar mi voz y buscar algo para generar algún ingreso pero se hace muy difícil. 

Empecé a fumar marihuana porque me hizo bien, porque yo tenía depresión y me cambió por completo.  Pero actualmente no puedo tener mis plantas, porque después de vivir lo que vivimos con mi hija de 19 años en aquel entonces (un allanamiento) quedamos muy marcadas. Hoy por hoy estoy con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, me cuesta salir a la calle, veo un patrullero y me empiezo a sofocar, no me siento libre en las calles. A pesar de que con mi hija tenemos la libertad asistida, yo tengo que ir a firmar todos los meses, mientras que hay empresas gigantes que ya están publicando y vendiendo sus artículos de forma masiva, y yo que solo tenía tres plantas… todavía hoy sigo pagando las consecuencias.

Las personas que pasaron por lo mismo que nosotras me dicen: «nunca más te vas a recuperar de lo que viviste ahí adentro”. Y es la verdad, en septiembre nos dieron la libertad asistida. Pero todavía se me hace muy difícil salir a la calle, relacionarme con la gente, poder ganarme el pan del día a día, pagar mis cuentas. Por supuesto tuve que volver a los remedios horribles, los legales, que están aprobados pero hacen daño realmente.

Los chicos del grupo de libertades por cannabis todavía siguen en un penal, esperando beneficios. Antón, el chico de origen ruso obtuvo la negativa por morigeración de la pena, pero el defensor pidió la libertad asistida por los 2 años que lleva preso. Cristián Gómez es el papá de un nene con autismo y está esperando la morigeración o la libertad, lleva un año y cuatro meses preso. Maxi López, después de un año y dos meses en el penal de azul, va a reencontrarse con sus mellizos de 6 años, a pesar de que él no quería que sus hijos entren a un penal, ya no aguantan más.

Diana Barreneche

Abogada especialista en derecho ambiental y en gestión de bienes naturales y políticas afines. Presidenta de la Asociación Civil Proyecto Cáñamo Argentina.

Para el cáñamo significa una reivindicación que ya estaba dada en el contexto internacional. De hecho, en Argentina el cultivo de cáñamo estuvo permitido hasta 1977, por la exclusión del cáñamo industrial y sus derivados del régimen de fiscalización. No es un estupefaciente, no está alcanzado por la ley penal. La nueva ley es una reivindicación porque esta exclusión del Cáñamo de las listas de estupefacientes, ya estaba dada desde las Convenciones de Estupefacientes de 1961 y 1971, pero gracias a la construcción reinante, fomentada por los medios de desinformación con prejuicios, siempre confundieron. Más allá de que botánicamente es la misma especie, el cultivo y los tiempos son completamente diferentes. 

Un producto derivado del cáñamo industrial ya sea industria textil, bioconstrucción, biocombustibles, cosméticos, no son estupefacientes porque no tienen un porcentaje de psicoactividad. 

Esta confusión reinante obviamente hizo que se parara el cultivo de cáñamo en la Argentina con el decreto de la Dictadura en 1977, el Decreto Ley 21.671. A partir de ahí se perdió todo el camino de esta industria que ya existía. Desde ese punto de vista es muy positivo que haya quedado explícito en el texto de la nueva ley 27.669. 

Esperamos que en la reglamentación de la ley, el camino del cáñamo se haga verdaderamente diferencial. Es decir, un régimen simple de autorizaciones o permisos administrativos sin tantas burocracias. 

Y además de la reglamentación que se haga para la industria del cáñamo y sus derivados, también que se permita, se fomente, se acompañe por parte de los emprendedores, cooperativas y demás que quieran estar en este cultivo o esta industria, en cualquier parte de la cadena productiva del cáñamo. Que realmente se cumpla lo que se pregona cuando se habla de esta ley, sobre todo lo que dice el texto mismo de la ley.

Roxana Aguirre

Activista cannábica, productora y elaboradora de cannabis y otras plantas medicinales. Actual presidenta de Ciencia Sativa, consejera en el Consejo Consultivo de la Ley 27.350 a nivel nacional. Participante en el proyecto de cultivo con INTA Patagonia Norte.

Somos una ONG de la sociedad civil que viene trabajando desde hace mucho tiempo por la regulación, la legalización y la despenalización del uso de esta planta. Creemos que esta nueva ley es un avance. Que el cannabis esté en la agenda social es un avance, y que se avance en derechos para otres, principalmente pensando en el desarrollo de esta nueva industria. Queremos que contemple fundamentalmente a los sectores con los que venimos trabajando en conjunto: la economía popular, solidaria, los pequeños y medianos productores. 

Nuestra tarea a partir de la aprobación de esta ley, ahora que viene la reglamentación, es estar presentes para lograr que se respeten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en esta nueva industria cannábica. También para que haya políticas públicas que de verdad nos contemplen. Hay uno de los artículos que menciona “la creación de las cooperativas”. Este sector representado por las organizaciones sociales debe tener acceso a las herramientas técnicas-financieras para poder estar a la misma altura y también con las mismas oportunidades para poder estar involucrados en la cadena de valor del cannabis. 

Pero siempre seguimos pensando que sería óptimo que esté presente en el estado la posibilidad de una nueva ley de drogas. Una nueva ley de drogas que contemple las despenalización de las acciones que tienen que ver con el uso de la cannabis y con el uso de otras drogas. Que se respeten nuestros derechos individuales. Que el placer sea también el eje de la salud integral. Tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud. 

Ese es nuestro parecer y eso es lo que seguimos peleando. En eso seguimos trabajando, para una regulación integral, una legalización del uso de todos los usos de la cannabis en todas sus formas. 

Nicolás Rodriguez

Investigador, politólogo y periodista de cannabis en El Planteo.

La ley 27.669 prevé la fabricación en argentina de derivados de cannabis medicinal bajo los estándares más representativos de la industria, estándares internacionales de calidad. 

La normativa prevé un trabajo conjunto de la agencia ARICCAME con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) para darle prioridad a las pequeñas cooperativas en la concesión de licencias. También prevé la bancarización de la industria, lo cual es muy importante. Establece ciertas sanciones administrativas que aún no están estipuladas para quien incumpla las normas. Y la comunicación del incumplimiento administrativo al Ministerio Público Fiscal, para que este confirme si hay o no un delito penal. 

Todavía resta por definirse la parte más importante, que va a suceder después de que se promulgue la ley: hay que reglamentarla mediante un decreto. Ese decreto reglamentario tiene que incluir la forma en que se van a extender las licencias. 

La incógnita más grande es cómo se van a distribuir las licencias, quién va a poder cultivar, quién va a poder producir y a qué escala. Porque es algo controversial: puede venir una empresa grande, que acapare el mercado o no. Pero por el espíritu de la ley, creo que va a haber lugar para la producción a pequeña escala y para la agricultura familiar. 

También es una oportunidad importante para los movimientos de la economía popular, sin embargo, como vimos en el congreso, la economía popular o, por lo menos algunos diputados que surgen desde ese sector, estuvieron en contra de la ley. Veremos cómo se desarrolla esto en el futuro. 

La idea de la ley es básicamente producir productos de cannabis en la Argentina para poder exportarlos sin tener que importar insumos de otros países. Es completar un producto que tiene un valor agregado alto en el mercado internacional, en la Argentina con productos nacionales, para su posterior exportación y obtención de divisas. Es una ley inspirada en en la idea de desarrollo de Kulfas, quien postula que a mayor entrada de dólares, mejores salarios y mejor rentabilidad empresarial.

El tema es ver cómo se van a establecer las licencias y cuáles van a ser los requisitos de certificación que van a pedir. Las pequeñas empresas no necesariamente pueden adaptarse para obtener una certificación internacional, pero obviamente pueden encontrar inversión en la cadena productiva en las empresas auxiliares.

Ahora bien, la utilidad de la ley para estimular la pequeña cooperativa, la agricultura familiar y la economía popular, va a depender mucho de las líneas de crédito que habilite el INAES, pero sobre todo de las licencias y los estándares que le impongan al productor nacional. La producción de un producto farmacéutico es más compleja que la producción de un producto herbario o un suplemento nutricional.

La ARICCAME va a tener nodos en las provincias, lo que permite una articulación regional de la economía del cannabis que no puede ser la misma en La Pampa que en el NEA. Las provincias van a tener un lugar en el Consejo Federal y van a tener que dar el visto bueno para la autorización de los proyectos que se vayan a instalar en su territorio. 

Entre los reclamos que hubo en el Congreso estuvo la falta de una óptica más federal. No hubo muchas propuestas para mejorar la ley. Y otro reclamo fue en torno al costo que va a insumir la agencia. En ese sentido hay que tener en cuenta que es una industria que genera una gran cantidad de dinero y que en todo el resto del mundo se gestiona y se administra el cannabis y el Cáñamo a través de una agencia que centraliza los permisos. Es una intervención estatal que garantiza el juego del mercado, es fundamental. 

La Agencia es clave para evitar algunas ineficiencias propias de las economías, como es el solapamiento de industrias. Por ejemplo: si todos cultivamos lo mismo, el mercado se pincha porque se cae el precio al aumentar la oferta. Además es importante en la Argentina agregarle valor al cannabis. 

La creación de la agencia es una medida acertada y a tono con la legislación internacional, pero tiene que encontrar la forma de habilitar licencias que permitan la incorporación de la economía popular y de las PyMes que aportan más de la mitad del PBI.

En todos estos aspectos la Aricame es fundamental. Va a tener que contemplar la capacidad del pequeño productor de no cumplir siempre con estándares farmacéuticos y aun así garantizar la producción de cannabis de calidad. 

Gisella Moreira

Abogada. Miembra y socia de la Asociación Cultural y Club de Cultivo Jardín del Unicornio.

Es una ley que está pensada para los grandes productores y que al menos para las ONG y  organizaciones no significa un gran avance ya que se sigue manteniendo la ley 23737 de la dictadura, que se afirma en parámetros anti derechos humanos y sin perspectiva de género. Necesitamos urgente una nueva ley de drogas y que se legalice la cannabis para todos sus usos y formas y que luego podamos hablar de una regulación siempre que sea legal, la única manera de terminar con este flagelo de la criminalización es legalizar la cannabis ,  luego se puede hacer regulaciones específicas para actividades pero debe ser legal para que salgamos del imaginario creado por el prohibicionismo. La ley aprobada tampoco tiene perspectiva ambiental y es realizada bajo un espíritu extractivista. No menciona beneficios a pequeños productores, permitiendo que pocas personas cultiven grandes extensiones.

Respecto de la perspectiva de género entendemos que no hubo un ánimo de incluirla, ya que tampoco hay un ánimo más colectivo de incluir a grupalidades. Solamente la considera para cuando se reglamenten los criterios de otorgamiento de licencias que debe tenerse presente la perspectiva de género. Considero que es insuficiente además porque el criterio de elección de los miembros de la agencia tampoco incluye ni la perspectiva de género ni la de diversidad, porque no establece cupos en sus miembros.  Así como tampoco incluye un cupo en el otorgamiento de licencias, algo que debería establecerse en la ley marco, no en la reglamentación. El estado se debería haber comprometido con incluir a sectores que históricamente han sido doblemente discriminados.


Hugo Andrés Caramelo

Integrante de CriaCann (Asociación Argentina para la Producción, Crianza e Investigación de la semilla de Cannabis). Emprendedor detrás de Primigenia Seeds – Semillas orgánicas.

Retomamos las reuniones para armar mesas de trabajo en Criacann y empezar con la agenda de este año que viene cargada a partir de la nueva regulación industrial. 

La ley está muy buena, sacando que no tiene la despenalización. Yo veo todo de forma positiva. Nos están prestando el oído y estamos participando de espacios institucionales importantes y nos dejan meter nuestra voz. Eso no es poco, mirando cómo ha sido la historia de esto.

Desde Criacann abogamos por la despenalización. Hay un consorcio de casi 40 países que está deliberando, regulando y fomentando que se despenalice el cannabis, que se caiga el prohibicionismo, que sea una planta más como una hortaliza o un alimento. 

Yo estoy estudiando tecnicatura en agroecología en la UNLP y la verdad es que para mi es un paradigma emergente que tenemos que abrazar. El sistema agroecológico es holístico totalmente, se tiene en cuenta la cultura, la historia del lugar, los habitantes… para crear sistemas agroalimentarios, tanto de cannabis como de cultivos extensivos que se pueden mejorar sin dañar tanto los suelos y el ambiente. Ya sabemos que lo orgánico y lo regenerativo es lo que va y también lo quiero llevar a las mesas de discusión.

Con el tema de cultivos extensivos, estaría bueno que no se monopolicen los rubros de la cadena de producción. Para mi tenemos los mejores cultivadores del mundo acá, tenemos clima, tenemos tierras, tenemos el ambiente como para producir cannabis de altísima calidad. Espero que no la caguen con paquetes tecnológicos como hicieron con la soja, que sigue devastando los suelos y haciendo mierda los ecosistemas para sacar un producto que no es de calidad.

Hay que trabajar el acceso a la tierra para los productores que vienen laburando hace mucho. Ya sabemos que el “paquete tecnológico” (agrotóxicos+transgénicos) de la revolución verde de los 60 no va más. Es una agroindustria que se tiene que reconvertir. 

Ese es el panorama que tenemos, lo vemos bien, con buenos ojos. Y estamos abiertos porque con este signo político se puede trabajar. Está el INAES también trabajando con el cannabis y va a haber nuevas aperturas de líneas de créditos para cooperativas y ONGs. A veces los vemos que tardan en las decisiones, pero están tomando todos los recaudos y eso me parece bien. Atrás imagino que están todos los negocios, como en cualquier rubro, y eso es inevitable también. 

Marcela “Nona Porro”

Activista integrante de la Red Feminista Cannábica.

Nos alegramos por nuestra compañera Diana Barreneche, que es la presidenta de Proyecto Cáñamo. aunque la ley no contempla tal cual lo que ellos quisieron pero bueno, se acercó bastante. 

Pero seguimos exigiendo la derogación de la Ley 23.737 ya que criminaliza a lxs más vulnerables: mujeres y diversidades siempre. Si se respeta la nueva ley, serían beneficiadas las economías populares, ya que se comprometen a ayudar y capacitar a cooperativas y emprendedores. Pero si siguen persiguiendo hasta a usuarixs inscriptxs en Reprocann estamos en el horno… la justicia a cuentagotas se transforma en injusticia. 

Requerimos de un debate serio y con inclusión de lxs actores más afectados por el prohibicionismo, osea travestis, transexuales, mujeres, lesbianas. Exigimos la libertad de lxs presxs por marihuana, a quienes se les violan sus derechos constitucionales, el articulo 19 de la Constitución nos garantiza que en los hechos privados de las personas, que no afecten a un tercero, no debe interferir magistrado alguno. 

Ver que el estado le da más importancia a los bolsillos de los empresarios que a la gente que necesita y que está vulnerada por esta ley, nos deja con un sabor amargo en la boca y en el corazón. Vamos a seguir tratando de contener y ayudar a las familias y amistades de lxs presxs y a lxs presxs. Hay gente que dejó a su familia por ir en cana y su familia no tiene para comer.

En cuanto a la perspectiva de género, primero tenemos que ver que se cumpla la ley como la aprobaron, con oportunidades para todes. Pero lo más importante en este momento es sacar a las personas presas. Podrían haber sacado de la ley de estupefacientes la tenencia simple y eso haría que paren de meter perejiles en las cárceles y se dejaría de gastar tanto dinero persiguiendo pobres y mujeres que muchas veces lo usan para darle de comer a sus hijos.

Florencia Antonella Eberlé

Cultivadora, activista cannabica e integrante de Cultivos en Red, club de cultivo y cooperativa de trabajo en trámite.

Tenemos muy buenas expectativas respecto a la reciente ley aprobada. Para nosotros es un gran desafío además, es algo que venimos peleando hace años para que nuestra actividad sea legal y regulada, poniendo al servicio del país una nueva forma de cultivo sumamente beneficiosa en varios aspectos de la vida humana.

Debemos ser pacientes, ya que es una industria “nueva” en el país y que las regulaciones generan cuellos de botella, más por particularidades del sector cannábico y el estatal, el cual se está acomodando rápidamente para poder poner en pié un sector que aportará a expandir la matriz productiva de provincias y así del país, con producciones agrosustentables generando nuevos puestos de trabajo. Es un proyecto ambicioso por ende se debe estar a la altura de las necesidades del sector para lograr la rápida salida al mercado que busca el país con ésta reciente ley medicinal e industrial.

Estamos convencidos y seguros de que Entre Ríos será una de las provincias que más aporte a esta incipiente industria por las particularidades de su geografía.

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