Jujuy: presionan a familias campesinas lindantes a Cannava

La permanencia de familias campesinas en Finca El Pongo es incierta desde la instalación de Cannava SE. Días atrás detuvieron a Marta Leaño y otros campesinos que denunciaban el avance del monocultivo de cannabis y la militarización del territorio. Habían recibido notificaciones y amenazas de desalojo con la policía.

Por Alejandro Cano (El Submarino)*

La disputa por la tenencia de la tierra se ha vuelto en Jujuy una problemática crónica y en muchas ocasiones de resolución injusta. A la usurpación de tierras y el desalojo de comunidades originarias por parte de compradores privados con supuestos títulos de propiedad, se suma el estado provincial como actor protagónico de una pulseada que atenta contra los pequeños productores campesinos e indígenas.

En el marco de la solicitud de todas las comunidades originarias del país en relación a la prórroga de la Ley Nacional 26.160 –que en Jujuy se convirtió en un abrazo a la Legislatura el pasado 10 de noviembre–, la detención de una dirigente campesina de Finca El Pongo vino a dejar en claro las intenciones del gobernador Gerardo Morales en relación al legado de Zabala.

Recordemos que esta finca de aproximadamente 12 mil hectáreas, que incluyen sectores con bosques y flora nativa, es producto de una donación de Plinio Zabala al estado provincial, quien dispuso como condición que el estado abastezca económicamente y a través de la provisión de alimentos al Hospital de la localidad de Perico.

En este marco, desde el anuncio y la implementación de Cannava S.E. para la producción de aceite de cannabis de uso paliativo del dolor, la permanencia de las familias productoras que trabajan hace décadas en el lugar se ha vuelto por lo menos incierta.

Amenazas de desalojo

Eugenia Calvo es antropóloga, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Integra también el equipo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en Jujuy. Consultada sobre este caso, precisó que el 8 de noviembre pasado Marta Leaño fue detenida por el supuesto delito de provocar fuego y usurpación, mientras que otros tres productores fueron imputados por supuesta usurpación. Sobre estos últimos, Calvo reveló que «venían siendo presionados con notificaciones y amenaza de desalojo con la policía”.

Marta Leaño es una pequeña productora campesina y referente de las familias que tienen posesión histórica o arriendan tierras en Finca El Pongo. Es además profesora universitaria.

Foto de Marta Leaño.

El problema de la administración de la Finca es con productores ubicados en uno de los cinco parajes de El Pongo, el denominado El Cadillal. “Leaño es una de las referentes de los productores y viene denunciando hace tiempo el avance del monocultivo de cannabis y la militarización del territorio, como así también el riesgo de que se expanda la superficie de producción de cannabis a toda la Finca El Pongo”, explicó Calvo.

“Leaño es una de las referentes de los productores y viene denunciando hace tiempo el avance del monocultivo de cannabis y la militarización del territorio, como así también el riesgo de que se expanda la superficie de producción de cannabis a toda la Finca El Pongo”

“La zona de El Cadillal es donde están concentrados la mayoría de los productores de la finca porque tiene un sistema de riego al margen del Río Perico”, precisó la antropóloga. Por esta razón, se trata de un terreno privilegiado para la temida expansión del monocultivo de cannabis.

La familia Leaño es una de las más antiguas en la Finca. Llegaron en la década de 1960 bajo la figura de “medianía”, que implica el acondicionamiento de la tierra para luego destinarla a la producción. Fueron los padres de Marta quienes desmontaron el lugar donde nacieron Marta y sus hermanos; donde vive aún toda la familia.

Calvo detalló que, de acuerdo a los últimos datos con los que se cuenta, son más de 300 familias las que producen hortalizas y habitan en la Finca El Pongo.

 

“Cuando aumenta la familia, se divide la tierra para destinar a las nuevas familias. Eso genera una presión en el ámbito, porque el promedio de superficie es de 2,5 hectáreas por familia”, explicó. Entonces este proceso choca con la negativa de la administración de la Finca para habilitar nuevas tierras para el cultivo, ya que solamente son 900 hectáreas que se encuentran en manos de pequeños productores de las 12.000 que tiene El Pongo.

Por otra parte, Calvo afirmó que las condiciones del mercado laboral de la región de Perico fuerza a los hijos de los productores  a continuar viviendo y trabajando en la finca familiar como el único medio de subsistencia personal.

La especialista describió como «compleja» la situación en El Pongo, cuya naturaleza debe ser observada desde la función social de la propiedad de la tierra. “El gobierno de Morales asume su gestión y administra la finca cobrando un arriendo, pero no tiene en cuenta la existencia de la quinta generación de productores que abastecen de verdura y fruta a gran parte de la región y conforman una cadena de valor con un precio de alimentos accesible”, advirtió.

Dos proyectos en disputa

El escenario actual invita a observar que hay en disputa dos proyectos: uno que levanta la bandera del monocultivo y excluye a los campesinos y pequeños productores, enfrentado a un modelo basado en la economía de subsistencia que además provee de alimentos al mercado local, brindando accesibilidad a la comunidad en general.

El escenario muestra dos proyectos en disputa: el monocultivo que excluye a campesinos y pequeños productores y un modelo de economía que provee de alimentos al mercado local.

En el marco de la campaña electoral, el gobernador Morales anunció recientemente el lanzamiento al mercado del aceite medicinal de cannabis producido por Cannava S.E. y la provisión a los hospitales públicos de Jujuy. La inversión pública que demandó este emprendimiento es de alrededor de 350 millones de pesos del presupuesto provincial, y se encuentra actualmente en el contexto de una denuncia por cultivo de marihuana que debe analizar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aquella oportunidad la diputada provincial Alejandra Cejas denunció la existencia de un contrato con una empresa norteamericana para la exportación por parte de Cannava de cannabis para uso recreativo, lo que está prohibido por la legislación nacional.

Por estos días, en la localidad salteña de Cafayate se discute un proyecto privado avalado por el estado provincial para el cultivo en 240 hectáreas de cannabis medicinal. Las organizaciones campesinas e indígenas de la zona dudan de las intenciones de la iniciativa en un ámbito donde también se encuentra en disputa la tenencia de la tierra en propiedad comunitaria.

Por esto, pero sobre todo por la preservación de la producción agrícola familiar, es urgente y necesario asegurar y promover la soberanía alimentaria de todo un pueblo.

*Este artículo fue publicado originalmente en El Submarino el domingo 14 de noviembre.