Ilustración de Vale Alfaro

El narcomenudeo como enfermedad terminal de la justicia penal

En Argentina, hace poco más de 15 años se dictó la ley nacional Nº 26.052 que habilitó la posibilidad de que las provincias que adhieran a su régimen puedan perseguir autónomamente algunos delitos previstos en la ley de drogas nacional Nº 23.737, facultad que históricamente quedaba en manos exclusivas de la justicia federal.

De esta forma, los delitos de tenencia de estupefacientes de escasa cantidad, trátese de tenencia simple o para consumo personal, sumado a la venta al menudeo fraccionado en (dosis destinadas directamente al consumidor), se convirtieron en la obsesión de las divisiones de toxicología provinciales, y de muchos dirigentes y ministros de seguridad locales.

Veremos la experiencia en la provincia de Buenos Aires y otras localidades que adoptan este régimen para sacar conclusiones parciales. ¿Cuáles son las razones de estas políticas criminales? ¿Han sido efectivas? ¿Cuál es el futuro que se avecina si se siguen sosteniendo?

Incubación

No todas las provincias adhirieron al régimen de la denominada “desfederalización”, pero sí lo ha hecho la provincia de Buenos Aires —la primera en adherirse en 2005— y el último distrito fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sumando a Jujuy, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Salta, abarcan mucho más de la mitad de la población del país.

Considero de cabal importancia que nos remontemos a las razones que dieron origen a este arma penal de presencia sistemática en la denominada “guerra contra las drogas”.

Prácticamente todos los países regulan el “microtráfico” de drogas en pequeñas cantidades, muchos diferencian las penas según se trate de comercio macro o micro parciales —tal el ejemplo de Chile con la ley 20.000-. Sin embargo, en Argentina este fenómeno obedece a ciertas particularidades por el carácter federal que adoptamos como forma de Estado.

Primigeniamente, en nuestro país toda relación prohibida respecto a estupefacientes obedecía a problemáticas de interés nacional, dada la presunción del recorrido transfronterizo e interprovincial del tóxico prohibido, por lo que durante mucho tiempo, todas las infracciones a la ley nacional, así sea por tenencia de escasas cantidades, se destinaban a la justicia federal o nacional.

El año en que es sancionada la reforma al régimen introducida por la ley nacional de desfederalización y el clima político del momento son claves para entender el desdoblamiento al que hago referencia.

Argentina se encontraba inmersa en una crisis económica, social y política que tuvo su corolario en el “Argentinazo” del 2001, estallido social que podría considerarse un punto de inflexión en nuestra sociedad, marcando claramente un antes y un después en la vida de la mayoría de las clases obreras y populares. Desempleo, tasas de indigencia por las nubes, inestabilidad financiera y cambiaria y mucha desconfianza en la clase dirigente se unían a una nueva oleada de delincuencia que aumentaba su crudeza, surgida de las nefastas políticas neoliberales de los ‘90. Pero la gota que derrama el vaso llega en marzo de 2004, cuando se recibe la noticia de que Axel Blumberg, joven víctima de un secuestro extorsivo, apareció asesinado en el conurbano bonaerense. A partir de ese día todo cambió. Una fuerte campaña encabezada por su padre Juan Carlos Blumberg, comenzó a llevar sus demandas a un gobierno que temblaba diariamente con la idea de ser víctimas del grito “que se vayan todos” vivido pocos años atrás y que se mantenía más latente que nunca.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar, si la ciudadanía exigía mayor seguridad, el derecho penal iba a ser el “antídoto perfecto” para calmar el dolor de un pueblo ya partido en mil pedazos. El movimiento exigía un estado inflexible con el delito, similar a un nuevo “Leviatán” pero que esta vez sin contemplación ni piedad alguna. La mirada garantista de los derechos humanos era vista con mucho recelo, el mote de “garantista” era prácticamente un insulto y la “puerta giratoria” de los delincuentes una práctica que debía extinguirse.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar, si la ciudadanía exigía mayor seguridad, el derecho penal iba a ser el “antídoto perfecto” para calmar el dolor de un pueblo ya partido en mil pedazos.

De la noche a la mañana o, en rigor, a dos meses del lamentable hecho (lo que para una ley nacional es demasiado express), el congreso dictó la primera gran “reforma penal” del siglo entrante. La única propuesta de Blumberg que no prosperó fue la baja de la imputabilidad a la edad de 14 años, las demás, fueron servidas prácticamente en bandeja de plata.

Blumberg, un ciudadano internamente destruido luego de sufrir seguramente lo más doloroso para cualquier padre, era aplaudido por muchos y empoderado por las autoridades como pocas veces sucede con los ciudadanos de a pie. Sin embargo, como telón de fondo, muchos sectores de la oposición, de la academia y los organismos de derechos humanos concebían a Blumberg como un títere más de ciertos grupos de poder, en virtud del cual las autoridades veían una oportunidad única para esconder mucho polvo debajo de la alfombra.

Es entonces que los anuncios oficiales, sumados a campañas televisivas y radiales del miedo y la inseguridad, el amarillismo y la xenofobia comienzan a vivir una era dorada. Lógicamente, los tabúes y prejuicios respecto al consumo y proliferación de las drogas ilegales no iban a quedarse afuera. Con el eslogan de las “nuevas amenazas” y la “guerra contra el narcotráfico” como lucha contra el terrorismo y todos los males de la humanidad; junto con la saturación de los juzgados federales para darle pelea a una guerra infinita, surge la idea de transferir la competencia a las provincias para perseguir el microtráfico de drogas, las bocas de expendio barriales, la tenencia y el consumo tanto en vía pública como en la privacidad. Recordemos que en aquel entonces la Corte Suprema sostenía la constitucionalidad del castigo del consumo personal de drogas, faltarían unos buenos años para el Fallo “Arriola”.

Es entonces que los anuncios oficiales, sumados a campañas televisivas y radiales del miedo y la inseguridad, el amarillismo y la xenofobia comienzan a vivir una era dorada.

Mientras tanto, la reforma ya generaba el aumento de penas para delitos considerados aberrantes, preveía un máximo de hasta 50 años de reclusión por reiteración delictual, se formulan nuevas restricciones a las excarcelaciones y las concesiones de libertad condicional para personas privadas de la libertad. El escenario era majestuoso para un estado que buscaba la conquista de los corazones de la clase media y media alta hastiada de hechos delictivos. Al año de la noticia de Axel, el congreso nacional ya tenía lista su nueva arma de criminalización masiva, la “desfederalización” del microtráfico de drogas, y a meses de su sanción, la provincia de Buenos Aires ya estrenaba su aplicación.

Desenlace y resultados. De la gran estafa al hacinamiento carcelario en masa.

La falta de reflexión con la que se sancionaron las leyes de la reforma llevó a que muchas se declararan inconstitucionales debido a su contradicción tan grosera con derechos y garantías constitucionales, pero eso no fue obstáculo para que el nuevo sistema punitivo institucionalizado y repotenciado comenzara a nacer y legitimarse mediante el nuevo y triunfante discurso manodurista ya instaurado en el seno de la comunidad argentina.

La asociación del uso y venta de drogas con la criminalidad sirvió de base a una persecución penal sin precedentes luego de la desfederalización. La provincia de Buenos Aires ya contaba con crisis carcelaria antes de su vigencia, y la intencionalidad política a la hora de la sanción de la ley, buscaba dos objetivos centrales: por un lado, la aplicación de una pena mínima en prisión para el comercio al menudeo o la tenencia con miras a la venta de prisión efectiva sin excepciones, lo que a su vez, traía aparejada la dificultosa excarcelación y tránsito del juicio en libertad. Por otra parte, al ser los sectores más vulnerables los que solían ser captados por las nuevas agencias de seguridad cada vez más militarizadas, la falta de un empleo estable o la carencia de un arraigo para fijar un nuevo domicilio en el cual notificarse y seguir el juicio era en la mayoría de casos imposible.

La asociación del uso y venta de drogas con la criminalidad sirvió de base a una persecución penal sin precedentes luego de la desfederalización.

Con los años, cada vez más provincias veían con antojo las seductoras campañas electorales prometiendo quitar la droga y la delincuencia de las calles —generalmente de las calles de los sectores más pobres de la comunidad. Así comienzan a sumarse más provincias a esta embestida contra los eslabones más vulnerables de la cadena del narcotráfico.

La ley nacional traía otra atractiva propuesta para las provincias que firmaran el pacto. Se les aseguró que a todas se les beneficiaría con créditos y recursos de las arcas del tesoro nacional para conseguir los fines propuestos en la ley, tanto para cubrir gastos de encarcelamiento, como logística para el “campo de batalla” a nivel judicial y policial. Sin embargo, con el correr de los años la ayuda nunca llegó. Provincias como Chaco, con un nivel de pobreza del 40% de la población, comenzaban a recibir el látigo de la política prohibicionista de drogas más dura de los últimos años, sumado a crecimientos en la población carcelaria como nunca antes. En Entre Ríos, una de las últimas provincias en adherir al régimen de la desfederalización, se estimó con datos oficiales que en un lapso de seis meses el 54% de las causas judiciales eran asociadas al consumo y en sólo dos años de su puesta en marcha ya se encontraban 676 personas detenidas por delitos menores de drogas, prácticamente la totalidad de ellas de escasos o bajos recursos económicos.

El temblor ocasionado por las leyes provinciales de narcomenudeo trajo consigo otros daños muy serios. A los fines de respetar el debido proceso y la legalidad del enjuiciamiento que le corresponde a toda persona y dada la masiva cantidad de detenidos traídos a juicio por la criminalización selectiva policial, pronto los tribunales comenzaron a colapsar en audiencias, apelaciones, gastos y recursos. A la falta de cooperación de recursos nacionales prometidos e incumplidos se suma la necesidad ineludible de comprobar por mandato legal que lo secuestrado —muchas veces escasos gramos— se tratan de estupefacientes prohibidos por la ley. Cada pericia que debe hacerse tarda meses, sin contar los innumerables movimientos de personal médico, administrativo, carcelario y judicial que interviene en un solo proceso penal por tenencia o comercio minorista de drogas.

Si bien traspasar burocracias particulares a números exactos no es nada fácil, cada causa por pequeñas cantidades para consumo personal destinada a archivarse con el tiempo, se calculaba en alrededor de 15000 pesos, hace cerca de tres años atrás. Además se estimó que entre los años 2016 y 2018 el Estado Nacional gastó aproximadamente 2.400 millones de pesos, en la persecución de las personas que consumen drogas.

Decenas de localidades comenzaban a sentir el hostigamiento policial diario, sea en pequeñas plazas o en operativos de “rutina” en arterias y rutas. El grupo humano de usuaries de drogas ilegales abarcado por el poder de persecución penal se veía constantemente vapuleado y humillado, si es que corrían la suerte de no quedar detenidos por tiempo indeterminado.

Ilustración de Vale Alfaro 

En la justicia penal se produjo una saturación. Según un Informe de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sólo durante el año 2018, se iniciaron más de sesenta mil (63.198) investigaciones penales preparatorias. De ellas, más de un 65% corresponde a delitos de microtráfico de estupefacientes y más del 33% estaba referida a las figuras de tenencia simple o tenencia para consumo personal.

El hacinamiento carcelario no sólo se manifiesta en las unidades penales sino que decenas de comisarías del conurbano bonaerense constituyen el lugar predilecto para el tormento de las prisiones preventivas de trans, travestis y trabajadoras sexuales, en ocasiones en condiciones totalmente infrahumanas como se ventiló en el caso de “La Tablada”.

En las políticas de microtráfico es donde más se vulneran los derechos humanos, aunque es generalmente en el tráfico a gran escala donde nos encontramos con poderosas bandas delictivas vinculadas a los poderes económicos y también políticos. Sin embargo, para la ley corresponde la misma pena tanto por vender diez gramos o diez kilos de la misma sustancia prohibida, incluso los agravantes para elevar penas son los mismos y el comportamiento de jueces y fiscales hacia los enjuiciados, no se diferencia prácticamente en su rigurosidad.

A este panorama se le sumó recientemente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el traspaso de estos delitos de drogas a la justicia porteña, la persecución a usuaries casi se triplicó conforme a datos oficiales.

La era de la confusión y el hartazgo

No sólo los derechos humanos y la justicia penal se encuentran en grave crisis. La misma “guerra contra las drogas” se encuentra en crisis y esto no pasa solo acá sino en gran parte del mundo. Estados Unidos, país que a fuerza de su hegemonía impulsó esta guerra sin cuartel, plantea una reforma integral al paradigma buscando detener las encarcelaciones masivas, sancionar abusos policiales y erradicar el negocio de las cárceles privadas que lucran con trabajos forzados en beneficio de empresas de toda índole. En dicho país, cerca de un 80% de las personas privadas de la libertad son afroamericanas, migrantes o latinas. Altos funcionarios y ex-mandatarios vienen reconociendo enérgicamente el fracaso de la guerra contra las drogas en el seno de las Naciones Unidas, donde se busca, paulatinamente, cambiar la visión global.

Estados Unidos, país que a fuerza de su hegemonía impulsó esta guerra sin cuartel, plantea una reforma integral al paradigma buscando detener las encarcelaciones masivas, sancionar abusos policiales y erradicar el negocio de las cárceles privadas.

El estado nacional viene dando mensajes muy confusos en los últimos meses. En ocasiones, la contradicción en sus acciones roza la ironía. Tomemos el ejemplo del cannabis, la sustancia que quizás abarque la mayoría de las causas judiciales. Por un lado, el gobierno autorizó en noviembre del año pasado el cultivo con fines medicinales reconociendo oficialmente la larga lucha civil por este colectivo humano. Sin embargo, e inclusive luego de que salga esta noticia considerada histórica en este rubro, las persecuciones a cultivadores vienen siendo objeto de difusión amarillista y desquiciada por parte de ministerios de seguridad o incluso departamentos de policía locales que hacen gala de detenciones y operativos a cultivadores en sus redes sociales.

En ciertas localidades, la política contra el microtráfico o narcomenudeo creó verdaderos caudillos prohibicionistas como el ejemplo del fiscal provincial Del Cero. Quien encarniza desde hace años investigaciones y causas a cultivadores con fines medicinales, como son el ejemplo vivido por la Asociación Cannabis Medicinal Pigüé, el allanamiento en la delegación del INTA —a la postre, un organismo expresamente autorizado por ley N° 27.350 al cultivo con fines medicinales y de investigación—, detención de los ediles en Tornquist y más recientemente el encarcelamiento masivo de jóvenes cultivadores en la localidad de Puan. Todo esto, sin mencionar las centenares de causas a cultivadores particulares mediante el uso de drones que invaden la privacidad de domicilios o valiéndose de dudosas llamadas anónimas de vecinos denunciando la presencia de plantas de marihuana en zonas “aledañas”.

A la par, el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni recibió un fuerte y apabullante rechazo por su última propaganda punitiva, donde se ridiculiza al cultivador medicinal Daniel Tornello —aún preso desde el pasado 24 de noviembre— apodándolo “cara de cannabis” en un video realizado a costillas de los impuestos de los ciudadanos donde circulan frases vergonzosas y peyorativas sobre el autocultivador.

El último grito de protesta contra la política del narcomenudeo provino nada más ni nada menos que de la red de jueces penales bonaerenses, entidad que, en un duro y lapidario comunicado basado en estadísticas y datos oficiales, reclamó lisa y llanamente la derogación de la ley atento a calificar como fracasado, insostenible e ineficaz al proyecto de desfederalización iniciado quince años atrás y que sólo ocasionó hacinamiento carcelario, violaciones sistemáticas de derechos humanos de los sectores más vulnerables, y un gasto presupuestario catastrófico, estimando que cada persona de las actuales 4915 detenidas en Buenos Aires le cuesta 43.000 pesos mensuales a la provincia.

Cada persona de las actuales 4915 detenidas en Buenos Aires le cuesta 43.000 pesos mensuales a la provincia.

La gran mayoría de causas iniciadas por “narcomenudeo” finalizan mediante el extorsivo mecanismo de los juicios abreviados o, con suerte, “probations” en donde los acusadores públicos ofrecen descuentos de pena si se reconocen los hechos y la culpabilidad. Los valientes que optan por enfrentar su suerte ante un tribunal no terminan generalmente mejor.
La persistente carencia de perspectiva humanista de muchos jueces de la “resistencia” punitiva, su franco desconocimiento del mundo de las drogas, el fracaso de las políticas prohibicionistas en todos los rincones donde se las adopta, ocasiona que en la gran mayoría de causas, los mismos defensores por experiencia previa no tengan mejor opción que recomendar a sus defendidos acogerse a los “beneficios” ofrecidos para mitigar su castigo.

Según las reglas de la aritmética y declaraciones off the record de funcionarios judiciales de todas las localidades, si de un momento para el otro todos los detenidos por microtráfico o tenencia para consumo decidieran afrontar juicios orales y públicos, el sistema judicial directamente colapsaría por completo.

Redondeando

Volvamos a las preguntas del inicio: ¿Cuáles son las razones de estas políticas criminales? Como vimos, frente al hartazgo social por la inseguridad, en su momento el estado implementó una maquinaria punitiva de encarcelación masiva y contentó a las masas al menos por un tiempo. Esta maquinaria sumada a los prejuicios generalizados respecto al uso de sustancias, arrastró sus devastadoras consecuencias hasta el presente, manifestándose hoy en día en la más mínima detención policial a grupos de jóvenes que portan escasos gramos de marihuana en una plaza o en una valija de vacaciones en la ruta. ¿Han sido efectivas? Si entendemos a la política del narcomenudeo como una enfermedad, y observamos al paciente que mayor tiempo la sufrió, entonces la experiencia de la provincia de Buenos Aires, profundamente detallada y explicada en el comunicado de la red de jueces penales bonaerenses, nos indica que eficaz es el último término que utilizarían para referirse a ella.

Como en toda experiencia prohibicionista, ni la demanda ni la oferta de sustancias psicoactivas ilegales disminuye a fuerza de armas, punitivismo y prisionización. ¿Cuál es el futuro que se avecina si se siguen sosteniendo las políticas prohibicionistas? El mismo comunicado de la red de jueces penales bonaerenses califica a la persecución del microtráfico de drogas como insostenible.

Como en toda experiencia prohibicionista, ni la demanda ni la oferta de sustancias psicoactivas ilegales disminuye a fuerza de armas, punitivismo y prisionización.

De manera personal, considero que el Estado debe hacerse eco de estas nefastas consecuencias y tener no sólo la decencia de admitir los yerros políticos, sino actuar pronto. En este sentido, circundan en el congreso nacional proyectos para disminuir la pena del microtráfico de estupefacientes, al menos a una pena mínima para considerarlo “excarcelable” y evitar al menos así la superpoblación carcelaria. Sin embargo, es tarea no sólo de los tres poderes republicanos comenzar el cambio, sino también del cuarto poder al analizar el sentido y alcance de su forma de comunicar y asociar erróneamente al uso de sustancias con el delito y a cualquier consumo como problemático.

Como se ha propuesto a nivel internacional, el derecho penal debe alejarse cada vez más del mundo de las drogas, para dar lugar —al menos paulatinamente— a la era de la regulación estatal de todas las sustancias. El enfoque sanitario y de reducción de daños reluce como el nuevo paradigma reinante en las políticas de drogas futuras. Ejemplos como Portugal, Uruguay, Holanda, Canadá y decenas de estados norteamericanos ya lo vienen demostrando.