La demagogia punitiva es transversal a los partidos políticos

Mariano Fusero es abogado penalista especializado en política de drogas y presidente de Reset, una organización que trabaja por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos. Entre otras cuestiones, en esta entrevista repasamos los últimos avances vinculados a la nueva reglamentación de la Ley 27.350, analizamos por qué estamos tan atrasados en la elaboración de políticas de reducción de daños y acercamos información sobre posibles herramientas legales para abordar la criminalización de mujeres y disidencias por delitos de drogas. También brindamos muchos datos útiles, basados en la realidad actual, que te servirán para reforzar tu estrategia argumentativa contra el discurso prohibicionista.

Mariano Fusero es abogado diplomado en política de drogas y presidente de RESET, una organización interdisciplinaria que trabaja por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos. Fue uno de los actores principales en el proceso de autodeterminación de las provincias respecto a las legislaciones de cannabis, salud y derechos humanos. Además, trabajó en el proyecto de ley para regular el autocultivo en la provincia de Buenos Aires, presentado a fines de julio. que trabaja por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos. 

Jugando con el lema de RESET, ¿estamos muy lejos de que nuestra ley de drogas sea respetuosa de los derechos humanos?

Tenemos una de las legislaciones más anacrónicas y vetustas del mundo. Una que en lo sustancial no sufre modificaciones hace 30 años. Todo el sistema criminal está vinculado en su mayor parte a la represión selectiva de las personas que consumen mediante la criminalización de determinadas figuras relacionadas al consumo, como pueden ser la tenencia para consumo, el autocultivo, el consumo ostentoso. Conllevan grandes índices de criminalización, con penas que pueden ir hasta dos años de prisión para una tenencia por consumo personal. También hay un híbrido en la ley que es la tenencia simple, con una pena de 6 años de prisión. La imputación de una persona es algo totalmente discrecional y arbitrario del poder punitivo. Las fuerzas policiales buscan su clientela por motivos xenófobos, clasistas, racistas, y generalmente en jóvenes de entre 16 y 30 años, que consumen en mayor parte cannabis, que tienen pocos gramos en su poder para su propio consumo, que no tienen antecedentes penales, que no estaban cometiendo ningún delito en el momento de la aprehensión, y generalmente relacionados a los barrios más vulnerados de nuestras ciudades.

Después, esa selección penal que establecen las fuerzas policiales conlleva una discrecionalidad y arbitrariedad de las fuerzas punitivas del Poder Judicial, en los juzgados y el Ministerio Público Fiscal. También tenés una imputación que pueden seleccionar estas fuerzas punitivas, que van desde 4 hasta 15 años de prisión y es la tenencia para comercio. Además tenemos el tema de autocultivo, relacionado con las personas que eligen el cannabis de propia mano, autocultivado para uso terapéutico- medicinal y aquellos que cultivan para no incurrir en la compra del mercado ilegal. Esa conducta tiene una amenaza de sanción penal de 4 a 15 años de prisión y si se comprueba que es para propio consumo puede ser de un mes a dos años.

Tenemos un país con una desproporción presupuestaria en lo que se implementa de recursos para la criminalización y el supuesto combate al narcotráfico, lo que llamamos “reducción de la oferta”, en desmedro de los presupuestos para tratamientos y prevención de las adicciones, lo que se llama “reducción de la demanda”. Se trata aproximadamente de un 95% de presupuesto para reducir la oferta y solo un 5% para reducir la demanda. Alrededor del 11% de las personas que consumen sustancias, son las que tienen un consumo problemático de las mismas. En ese sentido, si las personas requieren ayuda generalmente se encuentran con la imposibilidad o la tercerización por parte del Estado a determinados sujetos activos en estas políticas, como pueden ser comunidades terapéuticas, eclesiásticas, narcóticos anónimos, entre otros. Después podemos sumar la criminalización selectiva y desproporcionada que están teniendo las mujeres, que sufren una doble victimización.

Esto demuestra el carácter urgente de una nueva ley de drogas y sobre todo que incluya una perspectiva de género. Pero, ¿qué se puede hacer en lo inmediato? 

 La doble victimización que sufren las mujeres sucede, por un lado, porque son utilizadas por las redes ilegales como mano de obra esclava, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las mismas. Después, por otro, son victimizadas por el sistema punitivo con penas absolutamente desproporcionadas como si fueran grandes narcotraficantes. Mujeres por lo general pobres, madres de familia, solteras, que son captadas por las redes ilegales y el sistema punitivo. No sólo las mujeres sino las diversidades sexuales como las chicas trans que venden estas sustancias, vinculadas a una economía de mera subsistencia. Después hay otras medidas que se pueden establecer, relacionadas a la inclusión sociolaboral de toda índole, hasta situaciones excepcionales como vimos en algunos países de la región, donde se establecen amnistías e indultos para estas personas que no cometieron delitos violentos sino actos de mero tráfico minorista o narcomenudeo, que se consideran conductas no violentas. Hay un bagaje importante de acciones que se podrían realizar, desde las mismas conductas hasta una modificación legal. 

Casi el 40% de las causas iniciadas en cuarentena fueron por tenencia simple y uso personal. Más allá del signo político, el accionar punitivo sigue enquistado y los números siguen siendo elevados…

Siguen siendo elevados e históricos. En algunas provincias se potencia más,  las causas por tenencia simple y uso personal llegan a un 70% de las causas. Es un fenómeno que se da en muchas provincias, principalmente las que adhirieron a la ley de desfederalización del año 2005. La política de drogas o la demagogia punitiva es bastante transversal entre partidos políticos. Creo y espero en lo personal que las declaraciones públicas que escuchamos tanto del presidente de la Nación como de la ministra de Seguridad, se lleven adelante en algo concreto que es la necesidad de despenalizar estas figuras relacionadas al consumo. Estamos viviendo un avance respecto al autocultivo con fines medicinales, eso se celebra, por más que nosotros presentamos algunas observaciones para que eso no sea letra muerta. Queremos que sea de un impacto realista, que reconozca y garantice el derecho de las personas a acceder a las sustancias.

Más allá de eso se observa una iniciativa clara en el Ministerio de Salud de la Nación de abordar esta demanda histórica. Después se tendrá que hacer un debate legislativo que está adeudado. Cumplimos 11 años de vigencia del precedente del Fallo Arriola, que dijo que la conducta de tenencia para consumo es inconstitucional. Estuve realizando un trabajo de investigación acerca de todos los proyectos legislativos que se presentaron desde Arriola a la actualidad. Más de 30 proyectos, de los cuales cerca del 80 por ciento despenalizan estas figuras, y otra gran parte lo hace también con el autocultivo. Esos proyectos son además trasversales en lo político, que me parece un dato importante en el informe. Entonces, ¿por qué se produce la demagogia punitiva?


La demagogia punitiva respecto al tema drogas sigue siendo redituable en términos electorales y por eso me parece que es algo transversal de todos los partidos políticos.

Cuando los gobiernos no encuentran un consenso político respecto a cuestiones como políticas de educación, sanitarias, laborales, de derechos humanos, entre otras, buscan determinados chivos expiatorios para ahorrarse ese consenso, esa cohesión social respecto de determinadas políticas. Los chivos expiatorios por excelencia habrán sido en su momento el “enemigo rojo”, la “subversión armada”, y ahora podrán ser la “inmigración descontrolada”, como dijo el ex presidente de la Nación, o el tema del narcotráfico, como enemigo de consenso por excelencia. Lo que hay que reconocer es que por más que demos esta descripción, la demagogia punitiva respecto al tema drogas sigue siendo redituable en términos electorales y por eso me parece que es algo transversal de todos los partidos políticos. Las medidas relacionadas a la salud mental , de inclusión de las mujeres, de despenalización o de una regulación integral del cannabis, como Uruguay o Canadá, todavía no encuentran ese eco y consolidación de determinados núcleos sociales de importancia como para que sean redituables para la política electoral. Es un camino cultural a andar y desandar determinados perjuicios como para lograr ese efecto. 

La situación latinoamericana es diferente a la europea. Tenemos que hacer una política de reducción de riesgos y daños gauchesca, local, conforme a las necesidades que tiene cada población, a las costumbres de consumir determinadas sustancias
¿Cuál es la situación de nuestra política de reducción de riesgos y daños en relación a otros países?

La situación latinoamericana es diferente a la europea. Tenemos que hacer una política de reducción de riesgos y daños gauchesca, local, conforme a las necesidades que tiene cada población, a las costumbres de consumir determinadas sustancias, como el cannabis, la cocaína, la pasta base, y establecer una política segmentada conforme esos consumos, las vías de dosificación y los contextos en los que se consume. Tenemos la posibilidad de establecer políticas de reducción de daños en determinados contextos como las fiestas electrónicas, lo que sería el testeo in situ de drogas de diseño, que se viene haciendo en países como Colombia, México o Uruguay. Para que las personas tengan conocimiento de la calidad de las sustancia que están consumiendo, que tomen la decisión por un conocimiento informado respecto de lo que tiene esa sustancia, que en definitiva puede llevar a condiciones de salud severas o deceso de esa persona.

Se podría y debería establecer porque la política de reducción de daños en nuestro país es una política obligada por una ley nacional del año 2014, para el abordaje de adicciones y consumos problemáticos. Más allá de la exigencia que había para tratar estos temas, después de seis años todavía no se reglamentó. Después, por otra parte, existen políticas como la sustitución de sustancias. A nivel latinoamericano se hizo en Uruguay, Colombia, y viene de una filosofía quizá eurocentrista. Sustituir heroína por heroína de buena calidad, o heroína por metadona. La política de sustitución de sustancias podría establecerse con las personas que consumen pasta base, brindándoles cannabis, por ejemplo. Es una política aparentemente eficaz, aunque todas estas cuestiones están bajo la amenaza de sanción penal. Por eso digo que no es un debate pendiente, sino que es un debate saldado y se contempló en la ley.  Es una deuda histórica de los poderes ejecutivos establecerlo.

La noticia de la nueva reglamentación de la Ley 27.350 generó grandes expectativas en la sociedad. ¿Qué observaciones hicieron del borrador presentado?

Celebramos la iniciativa y la clara intención de reconocer este derecho que es una demanda histórica de la comunidad que hace uso de la sustancia con fines terapéuticos. Ahora, cuando uno observa la reglamentación le quedan algunas dudas sobre cuáles serán los requisitos de autorización, porque en el proyecto borrador se lo deja abierto. La reglamentación viene a regular el artículo 8 de la Ley 27.350, el que establece que las personas que pueden acceder lo harán mediante las patologías que están contempladas en el programa de investigación o mediante la receta de un médico de un hospital público. Los requisitos de autorización reglamentados sobre ese artículo 8 tienen que estar atados a lo que dice la ley, que es una normativa de jerarquía superior a cualquier decreto reglamentario del Poder Ejecutivo. Si una reglamentación deja abierta estos requisitos de autorización, que al día de hoy nadie los sabe porque no están plasmados en el borrador, consideramos que va a requerir que las patologías estén establecidas en el programa de investigación, y que eso conlleve un problema y un ridículo.

Supongamos la cantidad de investigaciones que se podrían realizar con 500 compuestos de cannabis y 150 cannabinoides sobre un universo de más de 100 patologías, enfermedades, dolencias. Esperar que se contemplen las investigaciones de esas dolencias para que uno pueda acceder a la sustancia por la vía de autocultivo es un ridículo. Teniendo en cuenta el ritmo que llevamos, tres años de la ley y una sola enfermedad, el Estado podrá realizar de acá a 10 años investigaciones con 5, 10 enfermedades. Parece como si tuviéramos que investigar determinados hongos para llegar a la penicilina, desconociendo el trabajo de Fleming.


Requerir de una forma taxativa la prescripción médica es una irrealidad y un obstáculo a futuro que va a ser insalvable.

Por otro lado, el tema de los médicos es otro gran obstáculo. Primero circunscribirse a los médicos públicos, parece que se establece una cierta jerarquización, de que en éstos médicos públicos sí deberíamos confiar y en otros profesionales de la salud no. Además, sabemos que en las universidades públicas y privadas referidas a la medicina ni siquiera se estudia el sistema endocanabinoide humano y la gran mayoría de los profesionales de la salud no tienen una capacitación referida a la utilización del cannabis. Entonces, requerir de una forma taxativa la prescripción médica es una irrealidad y un obstáculo a futuro que va a ser insalvable. Imaginemos una persona que esté en Humahuaca o El Bolsón, lo difícil que sería conseguir un profesional y que encima sea de un hospital público para que le prescriba la sustancia. Ahí tenemos otro problema asociado a eso. Nosotros remarcamos la necesidad de un acompañamiento, ya sea de los profesionales de la salud como de las universidades. Pero remarcamos un acompañamiento, porque no es algo que se le puede imponer a las personas, sino caemos en una hegemonía médica, algo a lo que estamos acostumbrados en la historia de la política de drogas. Salimos de un paradigma de seguridad nacional allá por los setenta y después caemos en un paradigma médico hegemónico donde las personas dejaron de ser delincuentes subversivos y pasaron a ser todos enfermos.

Ahora caemos también en esa hegemonía de requerir taxativamente la presencia de los profesionales de la salud para garantizar, ni más ni menos, lo que es un derecho individual, privado, que hace a la autodeterminación personal de cada una de las personas que consumen estas sustancias dentro de la soberanía sobre su propio cuerpo. No tenemos que olvidarnos que los derechos humanos son de las personas que consumen, no de los profesionales de la salud. Caemos en un ilógico, en una política que no puede establecer más limitaciones de las que ya se establecieron en el acceso a la sustancia. Estas son cuestiones que no se detectan por determinados actores de la sociedad civil y se sale a festejar de una forma visceral. Sabiendo cómo son estos procesos históricos, sabiendo cómo fueron otros a nivel internacional, y conociendo esa realidad, esperamos que no sea un bluff (una jugada falsa en póker) como la sanción de la ley en 2017 que no trajo ningún avance en concreto.

A fines de julio ingresó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para regular el autocultivo, en el cual estuvieron trabajando. ¿De qué se trata y cuál es la intención de este proyecto?

Hace rato nosotros empezamos a hacer una campaña nacional respecto de la facultad que tienen las provincias para legislar en materia de autocultivo, más allá de lo que esté o no contemplado en la legislación nacional. Eso no es fácil en lo jurídico porque el autocultivo es una legislación penal. Nosotros empezamos a difundirlo a nivel provincial en conferencias, en los medios. No queríamos quedarnos en la ley de 2017 sino decir bueno, las provincias conforme a las facultades concurrentes que tienen en materia de salud y derechos humanos podrían establecer su propia legislación en materia de cannabis y contemplar dentro de esa legislación la vía del autocultivo. Determinadas competencias son exclusivas del Congreso Nacional y algunas otras, las concurrentes,  son tanto nacionales como provinciales, como lo es la materia de salud y derechos humanos. Lo que no pueden hacer las provincias es establecer un piso por debajo de lo ya reconocido a nivel nacional, pero sí por arriba. Podrían establecer mayor reconocimiento de los derechos humanos, dentro de estos está el derecho a la vida y la salud. Ese es el argumento constitucional que utilizamos.

Pero al ser un delito penal, ¿qué sucede? Aca esta la interpretación. El artículo penal de la ley que establece el cultivo, tiene dos requisitos para que esta conducta pueda ser penalizada, llamados “requisitos de punibilidad”. Estos son el de “autorización” y el de “destino ilegítimo”. Las conductas de siembra y cultivo pueden ser penalizadas siempre y cuando se realicen sin autorización y con un destino ilegítimo. Uno de los requisitos es bastante fácil de subsanar que es el de “destino ilegítimo”, porque nadie en su sano juicio podría decir que el uso terapéutico medicinal de la sustancia es un destino ilegítimo. Éstos generalmente están vinculados al comercio o lucro de estas sustancias fiscalizadas. El requisito de autorización divide bibliotecas jurídicas, la posición más tradicional podría decir “No, si es una ley federal esta autorización debería ser por parte de los estamentos del gobierno federal”. Nosotros dijimos todo lo contrario: “Con esta cuestión de las facultades concurrentes, la contemplación de la autorización la puede establecer cada una de las provincias porque legisla en materia de salud y derechos humanos. Y la legislación de contemplar los requisitos no es avanzar sobre la ley penal sino que significa que en sus propios territorios, y conforme a sus propias competencias, estas conductas pueden ser legisladas de modo diverso”. Esto fue disruptivo, novedoso, y fue nuestro.

Por más que uno visibilice mayores obstáculos, o no estén de acuerdo en buena parte de alguna de las cuestiones de cada proyecto, lo que sí es simbólico y positivo es que ambos contemplan el autocultivo.

Empezamos a ver el impacto de estas cuestiones cuando salió la ordenanza de San Antonio Oeste y después empezaron a avanzar otras. La que más se visibilizó fue Santa Fe y ahora me parece que Buenos Aires puede tomar la posta porque tiene un caudal político acorde como para sancionar esta normativa. Lo que más me sorprendió fue que ante este proyecto, presentado por el Frente de Todos, hubo una presentación de otro proyecto, por parte de diputados de Juntos por el Cambio. Por más que uno visibilice mayores obstáculos, o no estén de acuerdo en buena parte de alguna de las cuestiones de cada proyecto, lo que sí es simbólico y positivo es que ambos contemplan el autocultivo.

El autocultivo ya es un piso…

Exacto, salimos del obstáculo de 2017, dejamos de debatir esa necesidad, que ya se contempla por las dos bancadas mayoritarias. Hoy por hoy, la mayor parte de los consumidores accede por autocultivo o cultivo solidario. Se deja de debatir sobre las facultades provinciales versus la facultad hegemónica nacional y pasamos a debatir la letra chica de cómo se regula el autocultivo. Eso es positivo de por sí, autocultivo ya vamos a tener, a la corta a la larga, ya es un derecho adquirido. En lo político, en lo retórico, en lo mediático, me parece que ya se avanzó y está conquistado en cierta parte. Falta que se plasme en una normativa a nivel local o federal y debatamos cuales son los requisitos de autorización para que sea operativo ese derecho.