Collage del autor

La triple discriminación de la comunidad trava-trans

En los días sin cuarentena, muchas personas de la comunidad trava-trans estaban en situación de prostitución o ejercían el trabajo sexual como forma de subsistencia. Ahora, plena pandemia, la salida para algunes es la pequeña venta de drogas o menudeo. Leé esta nota en la que buscamos entender la trama de exclusión generalizada que viven las personas travesti-trans y deriva en, al menos, una triple discriminación.

La comunidad trava/trans es uno más de los grupos sociales más marginados en la actualidad. Las personas se ven obligadas desde la infancia a sostener y cumplir mandatos corporales y sociales que no representan su identidad. Desde la familia hasta el sistema penitenciario, es necesario entender el concepto “travesticidio social” como la suma de todas las violencias sociales que existen sobre el colectivo travesti e inciden en que la expectativa de vida de sus miembres se reduzca a 35 años en promedio. Dentro de la problemática, el ejercicio del trabajo sexual/la situación de prostitución como medio de subsistencia y la venta al menudeo de drogas, puede estar asociada. La vulnerabilidad de Derechos, la falta de aplicación de la legislación vigente y la estigmatización social, a la orden del día. 

Para conocer más sobre la situación actual de la comunidad LGBTTIQ+, nos pusimos en contacto con María José Filipelli, Psicoanalista y docente y la trabajadora del INADI, Lidia Pérez. La primera, forma parte de “Casa Chavela”, un espacio donde se trabaja en función de la defensa de los derechos de las personas de esta comunidad.

Lidia forma parte del área “cárceles” en la Federación Argentina de LGBT y se desempeña en el INADI especializándose en la misma temática. Además, fue declarada como personalidad destacada en la lucha por los Derechos Humanos en la Legislatura Porteña. Durante esta nota, iremos mechando sus interacciones.

Para comprender la problemática es necesario mantener siempre una mirada atenta del contexto en donde se desarrollan las relaciones asimétricas de poder. Dichas asimetrías se dan entre los modelos hegemónicos y aquellas disidencias que, aún siendo estigmatizadas, van cobrando mayor protagonismo social. Los modelos hegemónicos se constituyen como una construcción sociopolítica que promueve formatos estereotipados de lo que un individuo “debería ser o hacer”; a la vez que fomentan la vulneración de Derechos hacia personas con determinadas características, que son utilizadas como preconceptos discriminatorios.

Identidad y marginación

La lucha por la identidad de género viene de larga data. Con avances y retrocesos, el concepto fue mutando hacia formas más “tolerables”, aproximándose más al reconocimiento y el respeto de la identidad autopercibida del otre. El término “Identidad de Género” se desprende de la separación básica de “Sexo” (elemento físico, genital, cromosómico y “Género” (Construcción social acabada). Esta terminología es fruto de una verdadera conquista social por parte de un movimiento que ha irrumpido en el núcleo social y se hace cada vez más visible. 

La ley sancionada en 2012 llamada “Ley de Identidad de Género”, permitió que cada persona pueda anotarse en el Registro Nacional de las Personas como se auto percibe, aun siendo menor de 18 años. Dicha ley añade en su texto la idea de “trato digno”, un punto controvertido porque nadie puede garantizarlo en los códigos de la calle, donde la urbanidad clandestina hace de caldo de cultivo al mercado narco en connivencia con la policía, en donde (como siempre) los colectivos marginales son los más desfavorecidos.

María José, es una militante del colectivo LGBTTIQ+ y psicóloga. Integra un espacio que colabora con las mujeres trans en pos de la defensa de sus derechos. Le pegamos un tubazo y enseguida, se prestó para asesorarnos sobre lo que nos preocupa.

En términos de Identidad ¿Cómo crees que es vista la femineidad trans, luego de 8 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género? ¿Qué elementos no estamos pudiendo aplicar para ampliar/fomentar la conciencia de diversidad? 

MF: Es importante decir que la identidad es algo mutable, que se construye y reconstruye a lo largo de la vida. Entonces, nos queda corta la idea de pensar que hay feminidades estereotipadas y mucho más, que las femineidades trans son de un estilo particular. Socialmente las mujeres trans están visibilizadas desde el peyorativo “trava”, palabra que se ha vuelto ícono de la lucha de las travas por los derechos que les fueron arrancados; Y directamente asociadas a la prostitución como salida laboral. Pero hay una dimensión que es invisibilizada y es la participación social de las travas o trans en el espacio público. 

Hay varios elementos que podrían contribuir a la visibilización de la diversidad: la primera, la implementación de la Ley 26.150, de Educación Sexual Integral. Si bien es nacional, muchas provincias y distritos la aplican discrecionalmente. Por otro lado, la asignación de presupuesto para los tratamientos hormonales dispuestos por la Ley 26.743, de Identidad de Género. También el presupuesto para la Ley 26.485, de Protección ante la violencia contra las mujeres. Allí están contempladas con bastante detalle las estrategias para ampliar la mirada social respecto de las disidencias sexogenéricas. 

Ser trava/trans

En la mayoría de los casos, la vulneración de derechos y la violencia comienzan por casa. Es la propia familia, influenciada por el prejuicio, la que realiza la expulsión del hogar a la persona trans. Este debilitamiento de la red primaria de contención trae aparejado la disminución de recursos de todo tipo para encarar un proyecto de vida. La salida temprana del hogar se suma a la discriminación social. La falta de elementos básicos como el calendario de vacunas, libreta sanitaria y un DNI que no identifica realmente a la persona trans, derivan en la exclusión institucional. 

¿Cómo repercute la violencia a la que son sometides les trabajadorxs sexuales en términos de salud mental?

MF: En términos de salud mental, las peripecias empiezan antes del contacto con la calle. Muchas de las familias ven el ser trans como una enfermedad mental. Esto lleva, en algunos casos, al paseo por profesionales psicólogues, psiquiatras, médiques, que confirmen esa visión de patología. Aquí es fundamental revisar la formación de trabajadorxs de la salud mental para despatologizar la disidencia y el efectivo cumplimiento de la Ley de Salud Mental, que también plantea instrucciones precisas sobre cómo intervenir sin patologizar ni estigmatizar. En muchos casos, la estigmatización es un padecimiento más fuerte que cualquier diagnóstico obsoleto que puedan hacerse desde las visiones hegemónicas de la salud mental. Imaginate que una persona logra asumir su forma de ser, pero por eso le niegan el acceso a la escuela, a un trabajo digno o, lo que es peor, va asociado a un diagnóstico en salud mental basado en su identidad de género. Son los cánones sociales los que enferman a toda la sociedad, particularmente a los sectores más vulnerados de la población. 

Majo Filipelli, Psicoanalista y docente.

Datos del colectivo

El informe titulado “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina”, desarrollado por un grupo de organizaciones entre las que podemos mencionar al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo para la Diversidad (COPADI), Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), entre otras, arroja datos alarmantes: el 83% de las personas trans y travestis encuestadas, fueron víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial.

Respecto a la educación, el informe refleja que, entre la población trans mayor de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones habían abandonado la escuela en el nivel secundario a causa de la discriminación.

En cuanto al acceso al trabajo: los datos revelan que 6 de cada 10 de las mujeres trans/travestis “están vinculadas al trabajo sexual en la actualidad”. Estas personas son las mismas que en las encuestas de Fundación Huésped se definen como “trabajador/a por cuenta propia o autónomo/a” y por lo tanto carecen de seguridad social y beneficios laborales. Solo el 18% de les entrevistades tiene un trabajo formal.

La otra salida laboral ante la marginación

Basándonos en otros estudios, en este caso, sobre distintas modalidades de delito relacionados al mundo LGBTTIQ+  y su comparativa entre los años 2015 y 2016, encontramos que : “…en los censos penitenciarios de los años mencionados, aparece en primer lugar la infracción a la ley 23.737 (Ley de estupefacientes), alcanzando a 11 de las 33 personas trans privadas temporalmente de la libertad en 2015 y a 36 de las 63 detenidas en 2016”. Esto significa que la mayoría de los delitos cometidos por personas trans se relacionan directamente con la venta/tenencia de drogas como cocaína y pasta base.

¿Según tu experiencia, por qué crees que se da este fenómeno en el cuál la persona travesti/trans recurre en la venta de sustancias al menudeo?

MF: No todas las personas trans están en situación de prostitución, en principio. En segundo lugar, no todas las personas que están en situación de prostitución incurren en la venta de sustancias. Pero en muchos casos, la venta de drogas está relacionada con la posibilidad de ejercer su actividad sin ser “violentadas”. Creo que forma parte de las mismas tramas sociales que sostienen otros tipos de actividades que profundizan la vulneración de derechos y su consecuente marginalidad. Principalmente la trata de personas para explotación sexual, que sucede en las narices de los mismos actores sociales que debieran erradicarla. No nos olvidemos que las armas, las drogas y los secuestros de personas para la explotación sexual son los tres negocios más grandes en nuestro país y en Latinoamérica, evidentemente no están en manos de particulares. 

La última parada: La “triple discriminación” tras las rejas

La ley N°23.737 establece que a aquellas personas a las que se les encuentre en su poder drogas, ya sea para uso personal o para venta, serán detenidas o deberán someterse a un tratamiento educativo/terapéutico. Dentro del Sistema Penitenciario Federal (SPF), la cantidad de personas privadas de su libertad relacionadas a uso, venta o tenencia de drogas; va en aumento. Según el informe de Alejandro Corda denominado “La Estrategia Fallida”, la población detenida por la llamada “Ley de estupefacientes” se duplicó en la última década: “En 2002 había en esas condiciones 3.271 personas, en 2006 aumentó a 3.981, en 2010 la cifra era 5.846 y en 2013 llegó a 6.979 personas. Así entre 2002 y 2013 el aumento fue del 113,35%”.

Según el autor, resulta importante considerar al colectivo trans como uno de los ejemplos en los que la situación de marginalidad se agrava notoriamente. Si bien desde el 2010 el segmento denominado por el SPF como “Trans-género” se encuentra en un lugar específico, existen dificultades para rectificar la documentación conforme la Ley de Identidad de Género y no existen programas de salud específicos que garanticen acceso a tratamientos hormonales. Además, la falta de adecuación del ámbito carcelario impide el acceso a salidas anticipadas y no se contemplan las situaciones de violencias tanto físicas como simbólicas que sufren por parte de los agentes penitenciarios. La institución penitenciaria no está preparada para alojar a una población históricamente vulnerada que cuenta con el capital escolar más bajo de la sociedad, la menor cobertura médica y el acceso al trabajo formal casi restringido. “…en 2010 un informe del relator especial sobre tortura de la ONU señalaba que estas personas se encuentran en el peldaño más bajo de la jerarquía informal en los establecimientos de detención, lo cual se traduce en una situación de doble o triple discriminación”

Lidia Pérez se define como una militante de los Derechos de las personas privadas de la libertad; liberados y liberadas. Trabaja desde hace varios años en el INADI, luego de haberla vivido en carne propia. Ella sabe de lo que habla, ya que ha estado prisionizada y ha experimentado el encierro desde adentro.

El vínculo con las fuerzas de seguridad es un tema sensible a la hora de hablar del colectivo LGBTTIQ+, sobre todo para aquella gran mayoría que está en situación de prostitución/ejerce el trabajo sexual o vende drogas al menudeo

¿Cómo se percibe la realidad, desde tu espacio, de aquellas personas trans que ejercen el trabajo sexual como medio de subsistencia, respecto al vínculo con la policía?

LP: Definitivamente, el vínculo entre las personas que ejercen trabajo sexual en la calle y las fuerzas de seguridad nunca fue bueno. Sabemos que la policía las obliga a pagarles la cuota para no tener que terminar en la comisaría. Aun así, terminan siendo segregadas y oprimidas. Las fuerzas de seguridad, sobre todo la policía, no comprende la diversidad y las violenta. En cuanto al ingreso a la cárcel, estamos hablando de las fuerzas del sistema penitenciario. Aquí el proceso de disminución y humillación continúa a través de burlas y agravamientos durante las requisas, que suelen hacerse a la vista de la población. El poder judicial no está exento. El año pasado comenzamos desde el INADI a dar charlas a sus autoridades. Percibimos mucha resistencia. Para concluir, nos dimos cuenta que, a mayor estado policial, mayor es el agravamiento hacia los colectivos marginales, en este caso al movimiento LGBTTQI+.

Actualidad

Es una realidad que la persecución y el encarcelamiento de mujeres trans por presuntas infracciones a la ley de estupefacientes, sigue una curva de aumento. El pasado 27 de abril, desde la ONG “RESET” (Organización que trabaja la política de drogas y Derechos Humanos) se presentó un amicus curiae en el cual se manifiesta una serie de argumentos referidos al “impacto diferencial de las políticas de drogas y las condiciones de detención de las mujeres trans y travestis detenidas”. Esta medida es adoptada en el marco de la pandemia Covid-19 y acompaña un previo habeas corpus impulsado por la Asociación Mundo Igualitario (AMI). 

Es menester considerar al colectivo LGBTTIQ+ como población de riesgo, los motivos sobran: Ya hemos mencionado la cadena de marginalidad que sufre esta población y el dificultoso acceso al sistema de salud, pero casi nadie se hace eco de este tipo de medidas que afectan al colectivo y a su entorno.

La cárcel tiene sus propias reglas. En este sentido, Lidia Pérez nos clarifica cómo es abordada una persona trans que ingresa al Sistema Penitenciario, el estado de situación en el que viven y el criterio que se utiliza actualmente en términos de trato digno.

LP: En principio tenemos que hablar de que casi el 99% de la población privada de su libertad proviene de sectores históricamente vulnerados y marginados. Las condiciones de encierro, hacinamiento y deterioro se dan para todes por igual. Sin embargo, si nos referimos al colectivo LGBTTIQ+, se da una particular forma de exclusión. El Sistema Penitenciario tiene una mirada de clasificación binaria. Antes de la aparición del matrimonio igualitario, las expresiones lésbicas eran castigadas desde una perspectiva moral. Así también cualquier otra expresión que no se ajustara a la normativa, era reprimida. La población Gay, en general, debía vivir refugiada o bajo la “protección” de un interno con mayor “poder” dentro del pabellón, quien tomaba a la persona como su “mariquita”.

El SPF, alojaba a las personas trans-travestis en pabellones para varones. Poco ha cambiado en la actualidad. Puedo mencionar algunos casos excepcionales en donde se van creando pabellones adecuados para albergar a la comunidad LGBTTIQ+.  Es el caso de Corrientes, en donde las personas trans se empezaron a alojar en cárceles diseñadas para mujeres. Dentro del ámbito federal en, Buenos Aires, precisamente en la cárcel de Sierra Chica, existe la Unidad N°2 destinada a población trans y gay. También en Florencio Varela existen dos pabellones destinados a la comunidad LGBTTIQ+, que en realidad son mixtos. Recién se puede notar que se comienza a hablar de diversidad y a visibilizarse dentro del ámbito carcelario. El resto se sigue alojando en cárceles para varones y en su gran mayoría, éstas son de máxima seguridad. 

Lidia Pérez (izquierda), cuando fue declarada como personalidad destacada en la lucha por los Derechos Humanos en la Legislatura Porteña. 

La reflexión sobre las relaciones de poder y el confinamiento social que estas producen siempre son necesarias, ya que visibilizan un costado de la sociedad que algunes prefieren no mirar. La necesidad de seguir ampliando derechos y aplicar las normativas vigentes pueden ser un primer paso para comprender de una vez por todas que la marginalidad de estos grupos sociales debe ser atendida desde el Estado y amparadas por la justicia. No obstante, es menester, comprender cuales son los paradigmas socioculturales que nos están impidiendo ampliar el abanico. La tolerancia no significa la aceptación plena de los derechos de los colectivos sociales. Quedan varios puntos para seguir desarrollando, todas las voces son necesarias. 

Hay algo que queda claro: La comunidad trava-trans cobra impulso y se visibiliza cada vez más dentro de una sociedad conflictuada, inestable y sensible a los cambios. Pero para que los cambios sean reales y las leyes se apliquen como fueron concebidas, es necesaria la presión social y contar las historias de una exclusión generalizada.

 

*Para la realización de esta nota no se pudo dar con una persona travesti/trans que pueda hablar en primera persona de la venta al menudeo de drogas.  Si te identificas como una persona trava/trans y querés aportar tu voz a esta nota, podés comunicarte con nosotres para participar con tu nombre o de forma anónima. Escribinos a nuestras redes o a Whatsapp: +54 9 343 505-5244

CITAS:

1-International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), Informe: “Trans latinoamericanas en situación de pobreza extrema: me preguntaron cómo vivía / sobreviviendo, dije,  sobreviviendo…” 2009, pág. 8.

2- “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina” CELS, COPADI,MAL

3- “Mujeres y personas trans privadas de la libertad” Alejandra Zarza, Silvia García de Ghiglino, Delfina De Cesare, Rafae Farace, Graciela Hubez y Silvia Goldring/ SNEEP 15 años – Mujeres y personas trans privadas de libertad.pdf

4-(CIDH, 2015) http://intercambios.org.ar/news-2017/2016CordaLaestrategiafallida.pdf  (Pág 35)

5-Alejandro Corda, “La estrategia Fallida”, encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en la Argentina,2016. 

6-Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015).

7- El amicus curiae (o amigos/as del tribunal) es una herramienta procesal que habilita a terceros/as que no son parte  de una contienda judicial, a intervenir en ella a fines de brindar opiniones fundadas sobre el tema debatido.

8 -http://resetdrogas.com.ar/index.php/2020/04/27/reset-presento-amicus-curiae-en-causa-de-mujeres-trans-y-travestis-detenidas-en-provincia-de-buenos-aires/?fbclid=IwAR1WKzUPlGZzvG-0buBbGUOVRr-tX915vkJBRD3b_kn7opoIMl-b2b92i58